por Redacción RPP
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La primera dama, Lilia Paredes, es acusada de ser la presunta coordinadora de una organización criminal dentro del Gobierno, dirigida por el presidente Pedro Castillo.
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El Poder Judicial evaluó el pedido de la Fiscalía de la Nación de impedimento de salida del país en contra de la primera dama, Lilia Paredes, quien es acusada de ejercer como presunta coordinadora de una organización criminal dentro de Palacio de Gobierno, dirigida por el presidente Pedro Castillo.
El juez Raúl Justiniano llevó a cabo en audiencia el pedido del Ministerio Público, luego de que esta fuera reprogramada el último 29 de setiembre, ante la ausencia de Benji Espinoza, abogado defensor de la primera dama, por encontrarse de viaje fuera del país.
Tras aceptar el pedido del abogado de la primera dama, el magistrado advirtió que, en caso se presente una situación similar, a Paredes se le asignará un defensor público, a fin de que la audiencia se lleve a cabo de todas maneras.
El fiscal Jorge García Juárez estuvo presente en la audiencia, al igual que el abogado Benji Espinoza. Tal como se acordó, la sesión se llevó a cabo de mantera enteramente presencial.
Argumentos de la Fiscalía
El representante del Ministerio Público develó la estructura de la presunta organización criminal. De acuerdo con el fiscal García, Pedro Castillo estaría a la cabeza, seguido de Geiner Alvarado en su condición de Ministerio de Vivienda. Lilia Paredes sería la coordinadora; Yenifer Paredes, la lobita; y José Medina, el operador.
Jorge García relató las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces. Consignó lo mencionado por el empresario Hugo Espino, quien asegura que Lilia Paredes le pidió comprar un chip telefónico a fin de no ser interceptado. Asimismo, indica que, producto del accionar criminal, los hermanos Espino Lucana "se habrían beneficiado con estos contratos con una suma de 90 mil soles, por parte de los hermanos Paredes Navarro. Todo ello, en coordinación de Lilia Paredes", precisa.
Entre los hechos irregulares se mencionaron los sucedidos en Chachapoyas, Chadín, Cajatambo y Anguía. Sobre este último, relató la presunta participación del José Medina, alcalde de dicha localidad.
"Las reuniones previas de Medina eran para direccionar, asegurarse de que un monto importante del dinero que se estaba transfiriendo a través del DU 102 sería a favor de una localidad que merece atención, pero fue instrumentalizada por la organización criminal", dijo el fiscal García.
Según el Ministerio Público, Palacio de Gobierno fue utilizado para el planeamiento de actos criminales. Indica que Lilia Paredes autorizó el ingreso de Espino para reunirse con Yenifer Paredes. Estos hechos se habrían dado "con conocimiento y venia del presidente Pedro Castillo".
Defensa de Lilia Paredes
Benji Espinoza, abogado de Lilia Paredes, mencionó que no existen elementos de convicción para argumentar que la primera dama haya financiado, viabilizado o dado celeridad en la coordinación de actuaciones delictivas. Asimismo, señaló que la Fiscalía busca "construir castillos en el aire" con las declaraciones de Hugo Espino, pues el empresario se contradijo en sus declaraciones.
Espinoza señaló que, si bien la Fiscalía indica que Lilia Paredes habría violado los protocolos de entrada a Palacio de Gobierno, hasta el momento no ha dicho cuáles. Además, con respecto a los informes de la UIF, remarcó que no son acertados, pues los montos de dinero depositados no concuerdan.
El abogado Benji Espinoza asegura que no existen pruebas para asegurar que su clienta festinaba las obras. Se refiere a las declaraciones anteriores de Hugo Espino y las enfrenta con las actuales. Mencionó que existe un "Hugo Espino vs. Hugo Espino".
"Espino no detenido dice una cosa. Detenido y con la hermana detenida, dice otra cosa", agregó.
Prognosis de la pena
Presentados los argumentos, el fiscal Jorge García sustentó la prognosis de la pena. Afirmó que, ya que es imputada por crimen organizado y al ser reo primario, le correspondería entre ocho y 10 años con cuatro meses de prisión en caso sea condenada. Ante una "sospecha reveladora", el representante del Ministerio Público se reafirmó en su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la primera dama.
Además, solicitó que Paredes se someta a control mensual, no ausentarse de su local de residencia, ni concurrir a las municipalidades vinculadas al caso en el que se relaciona. Tampoco podría comunicarse con otros investigados, a excepción de Yenifer Paredes y el pago de una caución por un monto de S/100 mil.
Se supende la audiencia
El juez Raúl Justiniano suspendió la audiencia hasta el miércoles 12 de octubre a las 2 p. m. En esta sesión se evaluará la solicitud de impedimento de salida del país en contra de los hermanos de la primera dama, Lilia Paredes.
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