Poder Judicial dispuso embargo y orden de inhibición de inmuebles del exministro Javier Reátegui

El Poder Judicial dispuso el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre cuatro bienes inmuebles del exministro Javier Reátegui como parte de la investigación preparatoria que afronta junto al exmandatario Alejandro Toledo y otros por los presuntos aportes ilegales a la campaña presidencial de este último en el 2011.

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato, a fin de que se ordenara la ejecución de estas medidas cautelares sobre un inmueble ubicado en el distrito limeño de Punta Hermosa, un terreno ubicado en la provincia de Sechura en la Región Piura y dos vehículos.

El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma de un millón 132 mil 232 soles sobre los derechos y acciones que le correspondan al investigado respecto a estos bienes inmuebles disponiendo que se cursen los partes correspondientes a la SUNARP, Registros Públicos de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX sede Lima, la Zona Registral I , sede Piura y de la Zona Registral VII, sede Huaraz a fin de que se proceda a su anotación en la partida registral correspondiente.

Mediante una resolución emitida el último 11 de enero, el juez Chávez Tamariz determinó que esta medida cautelar es idónea, necesaria y proporcional a efectos de evitar algunas acciones orientadas a perjudicar la posible efectividad de la posible sentencia en relación con la consecuencia jurídico-económica del delito.

"La decisión final que el juzgado expida sobre la pretensión civil podría ser inejecutable pues el imputado podría eventualmente disponer de los bienes de su propiedad durante el transcurso del proceso, existiendo riesgo de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición de bienes", remarcó.

Casos Odebrecht y Lava Jato

El Poder Judicial incorporó a los abogados del Estado peruano como "actor civil" o " parte agraviada" en esta investigación preparatoria que realiza el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.

La defensa legal de nuestro país incluyó dentro de su solicitud de "actor civil" su propuesta inicial para que los implicados en este caso pague, en forma solidaria las sumas de 15 millones 744 mil 89.16 dólares americanos por el delito de lavado de activos y siete millones 889 mil 313.84 soles por el delito de asociación Ilícita para delinquir ambos conceptos como reparación civil a favor de Estado peruano a raíz de este caso.

La investigación fiscal se inició en el año 2018 luego que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Simones Barata, reconoció ante el Ministerio Público que entregó 700 mil dólares a Abvraham Dan On, entonces jefe de seguridad del gobierno de Alejandro Toledo, para financiar la campaña presidencial del entonces líder del partido político Perú Posible en el 2011.