Poder Judicial determinará si resguardo policial asignado a PPK puede evitar el peligro de fuga

El Poder Judicial deberá determinar si el resguardo policial asignado a un expresidente de la República que viene siendo investigado por el Ministerio Público tiene relevancia o no para evitar el peligro procesal de fuga.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema hizo esta precisión en una resolución en la que declara "bien concedido" un recurso de casación que presentó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski con el que busca que se levanté o varíe de "manera parcial" la regla de conducta que le prohíbe ausentarse de Lima Metropolitana, salvó que cuente con autorización judicial como parte del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos a raíz del caso 'Westfield Capital' vinculado a Odebrecht.

La defensa legal del exmandatario propuso, a través de este recurso de casación, que se precise la relevancia del resguardo policial que tiene su patrocinado, en su condición de expresidente de la República, en orden al peligro de fuga, así como su comportamiento procesal positivo y transcurso del tiempo de la causa, al igual que la presencia de circunstancias extra procesales.

Al respecto, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martin determinó que en este caso se planteó un tema puntual, desde la cuestión jurídica, que justifica una especial relevancia casacional para fijar o precisar una doctrina jurisprudencial.

"Se trata de definir el alcance del resguardo policial a un expresidente de la República sobre el peligrosismo procesal en concordancia con el buen comportamiento procesal y el tiempo de duración de la causa. Este punto debe analizarse desde la causal de inobservancia de precepto constitucional (libertad personal y debido proceso)", determinó la sala suprema en su resolución a la que tuvo acceso RPP.

En los próximos días, el colegiado supremo deberá señalar fecha y hora para la audiencia virtual en la que se evaluará este recurso de casación con la participación de las partes involucradas a fin emitir un veredicto definitivo al respecto.

La defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentó este recurso de casación luego de que su pedido para levantar y variar está regla de conducta fuera declarado infundado tanto por Juez Jorge Chávez Tamariz como por Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dentro de este proceso penal. 

En dicho pedido se sostiene que mantener esta restricción contra el exmandatario de 86 años a más de seis años de iniciada está investigación fiscal vulnera el debido proceso constitucional y resalta que su defendido viene cumpliendo con pasar el control biométrico sobre sus actividades y cuenta con custodia policial por su condición de exmandatario, con lo que se descarta el peligro procesal de fuga. 

La defensa legal del exjefe de Estado propuso que su patrocinado se limite a informar al Poder Judicial y al Ministerio Público cuando tenga que trasladarse fuera de los extremos de Lima Metropolitana.

No obstante, el juez Chávez Tamariz y la referida sala superior determinaron que dicha restricción impuesta al exmandatario busca evitar cualquier forma de eludir la acción de la justicia o cualquier perturbación en la actividad probatoria por parte del imputado y que esté disponible cuando sea requerido para una diligencia o una audiencia por parte de la autoridad fiscal o judicial.

Sobre la custodia policial asignada a la seguridad y protección del exmandatario, precisaron que este servicio no fue dispuesto por el juez de la causa y por ello estos efectivos policiales no tienen obligación alguna de dar cuenta a la autoridad jurisdiccional sobre las actividades del procesado.

EL PROCESO 

Desde el último lunes 6 de mayo, el juez Jorge Chávez Tamariz lleva adelante la etapa de control de la acusación fiscal presentada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki y otros por el caso Westfield Capital, vinculado a Odebrecht, como acto previo para ingresar a la fase de juicio oral.
 
El fiscal Jose Domingo Pérez Gómez pidió 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado.

El magistrado atribuye al exmandatario la conformación de una organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras a través de consultorías y asesorías encubiertas, sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, el proyecto de Irrigación Olmos, Rutas de Lima y otros durante el periodo que Kuczynski se desempeñó como alto funcionario del gobierno de Alejandro Toledo. 

El fiscal Pérez Gómez comprendió en su acusación fiscal al empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, para quien pidió 35 años de prisión, y a Gloria Kisic Wagner, para quienes solicitó 23 años de prisión dentro de este caso.

El magistrado también incluyó en su acusación en su condición de personas jurídicas a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorias Limited y Latin América Enterprise Fund Managener LLC para las cuales demando la prohibición de realizar a futuro actividades relacionadas al delito cometido con carácter de definitivo y la empresa Dorado Asset Management Company para la cual solicitó su disolución y liquidación.