El empresario Zamir Villaverde demandó que se reciban las declaraciones de la empresaria Karelim López, del exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y otras 12 personas.
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El Poder Judicial declaró improcedente el pedido que hizo el empresario Zamir Villaverde para que ordene al Ministerio Público realizar una serie de diligencias que solicitó su defensa legal como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos vinculado al caso Puente Tarata y otros en agravio del Estado.
Mediante un escrito presentado el 17 de abril y reiterado el 26 de mayo último, la defensa legal del empresario pidió que se requiera al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Provias Nacional y Descentralizado que informen si dicho investigado participó, a través de sus empresas, en licitaciones públicas de manera individual o en consorcio y si obtuvo alguna buena pro o si ha sido beneficiario de pagos de las referidas entidades.
También demandó que se reciban las declaraciones de la empresaria Karelim López, del exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y otras 12 personas. Además, pidió que se reciba el testimonio de los representantes legales de cuatro empresas para que informen si lo conocen y si han tenido alguna relación laboral y/o contractual y han participado en licitaciones públicas de manera individual o en consorcio.
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Critica falta de designación de perito contable
Villaverde cuestiona también que hasta la fecha la Fiscalía no designe a un perito contable para que establezca la licitud de los ingresos de dicho empresario y contrastar el informe financiero de ingresos presentado por su defensa legal.
No obstante, la jueza Soledad Barrueto precisa que, de la información alcanzada a su despacho, la Fiscalía, que es la que decide la estrategia de la investigación de acuerdo con ley, no ha rechazado los pedidos efectuados por dicho empresario, habiéndose limitado a señalar que los tendrá presente en su oportunidad y que, además, ha cumplido con practicar las declaraciones que ha solicitado, habiendo dispuesto incluso la realización de una pericia contable.
La magistrada exhortó a la defensa legal de dicho empresario para que articule idóneamente sus pedidos al representante de Ministerio Público dentro de esta investigación que vencería el 21 de diciembre del 2024, así como también a la Fiscalía para que dé una respuesta motivada al justiciable.
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