Poder Judicial autorizó viaje de Kenji Fujimori a Iquitos por motivos laborales

El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud del exlegislador Kenji Fujimori para ausentarse del lugar donde reside, en Lima, del viernes 29 de diciembre al miércoles 3 de enero del 2024 para viajar hacia la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, en la región Loreto.

El exparlamentario explicó que debe realizar actividades laborales de venta directa de productos de belleza Oriflame, empresa en la cual es ‘Director Oro’ y cuya función debe ejecutarse de forma personal y presencial.

Fujimori argumentó en su escrito, presentado el último 15 de diciembre, que esta actividad tiene que realizarse personalmente en forma presencial, ya que tiene que realizar diversas demostraciones de productos cosméticos de belleza, cuidado de la piel, maquillaje, limpieza de cutis, cata de perfumes.

Así como tratamientos de belleza, cuidado corporal, aceites esenciales, accesorios, cabellos, suplementos y nutrición, para hombres, mujeres, niños, niñas y bebes.

El magistrado adoptó esta medida al determinar en su resolución que “el motivo del pedido del procesado, es la actividad que actualmente realiza para mantenerse y cubrir sus necesidades, por lo que obedece a una razón suficiente, a lo cual acompaña el certificado de reconocimiento de la empresa Oriflame en el que labora".

No obstante, el juez supremo Checkley Soria precisó que el exlegislador debe retornar a Lima, al término de la fecha solicitada, dando cuenta a su despacho respecto a su retorno, bajo apercibimiento o advertencia de informarse al representante del Ministerio Público, para los fines correspondientes, en caso de incumplimiento.

La condena de Kenji Fujimori 

Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias reales a raíz del caso “Mamani Videos”, el cual deberá ejecutarse en caso el día 9 de enero del 2024 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decide confirmar o incrementar este fallo a 12 años de prisión, como lo solicita el Ministerio Público.

Mientras se define su situación legal, el excongresista debe cumplir reglas de conducta, entre ellas la de “no ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial”; bajo apercibimiento o advertencia de ser revocada la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.

Al respecto, el juez supremo Juan Carlos Checkley precisó en su resolución que el permiso o autorización de viaje que se concede al exparlamentario no constituye una autorización para no cumplir las demás reglas de conducta impuestas en la sentencia de primera instancia.