por Redacción RPP
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Convenio establece que José Graña Miró Quesada no podrá volver a contratar con el Estado por 5 años y deberá pagar S/ 40 millones de reparación civil por los daños causados al país.
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El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de José Graña Miró Quesada con la justicia peruana. Mediante resolución del 2 de enero del presente año, el juez John Pillaca Valdez aceptó el convenio al que arribaron la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el Equipo Especial del Ministerio Público con el exdirectivo de la antigua empresa Graña y Montero.
Según el acuerdo, Graña reconoce graves delitos de corrupción y se compromete a colaborar con la justicia entregando valiosa información en seis carpetas fiscales, entre las cuales se encuentran el caso 'Club de la Construcción' y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.
Como consecuencia de ello, el exdirectivo ha recibido una sentencia que le prohíbe volver a contratar con el Estado peruano por cinco años. Asimismo, deberá pagar una reparación civil de aproximadamente S/ 40 millones por los daños causados al país por sus delitos.
Según las cláusulas fijadas en el acuerdo, la cancelación total del pago de reparación civil se realizará dentro del plazo de 60 días después de emitida la sentencia que ha aprobado el acuerdo.
Realización del pago
Cabe señalar que el pago que realizará Graña Miró Quesada será adicional a los cerca de S/ 500 millones que pagará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), en atención al acuerdo de colaboración eficaz que firmó esta empresa con la Procuraduría ad hoc y el Equipo Especial del Ministerio Público, el cual fue presentado al Poder Judicial en setiembre del año pasado y se encuentra a la espera de su aprobación.
“Una vez efectuado el pago del señor José Graña estaremos ante la reparación civil más alta que se ha cobrado hasta el momento a una persona natural por delitos de corrupción en el Perú”, afirmó la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.
“Esta colaboración posee una gran relevancia en materia penal porque fortalece las investigaciones en varios procesos importantes, especialmente en tres casos que ya cuentan con acusación fiscal, donde el señor Graña deberá brindar su testimonio próximamente en los juicios orales”, sostuvo la abogada del Estado.
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