El periodista Mauricio Fernandini es investigado por los supuestos actos de corrupción en el Fondo Mivivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.
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El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el periodista Mauricio Fernandini con el que busca que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso por el caso 'Fondo Mi Vivienda' y se ordene su inmediata libertad.
El juez Leodan Cristóbal Ayala adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por el hombre de prensa, a través de su defensa legal, cumplió con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio para ser aceptado.
La defensa legal de Mauricio Fernandini demanda que la instancia superior revoque la resolución que emitió el juez Raúl Justiniano el último 18 de enero en la que declaro infundado su pedido de cese de prisión preventiva y, reformándola, se declare fundada esta solicitud, que permitiría su excarcelación del penal Miguel Castro Castro donde está recluido por este caso.
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Recurso fue remitido a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional
El juez Leodan Cristóbal Ayala resolvió el último 7 de febrero “conceder” este recurso de apelación y remitirlo a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
Dicho magistrado realizó la calificación del recurso de apelación presentando por la defensa legal de Fernandini en atención a que el juez Justiniano, que tiene a su cargo este caso, se encuentra cumpliendo su período vacacional establecido por el Poder Judicial.
Como se recuerda, el juez Justiniano declaró infundado el pedido de cese del mandato de prisión preventiva al determinar que no cuenta con arraigo familiar y aún subsiste el peligro de obstaculización de la actividad probatoria.
El magistrado también resaltó en su veredicto la gravedad de la pena que se le podría imponer en caso sea hallado culpable de los hechos que le imputa la Fiscalía.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició está investigación preparatoria luego que la empresaria Sada Goray, quien también cumple prisión preventiva por 30 meses, reconoció ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, entonces Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que su entonces empresa MarKa Group obtuviera contratos en este sector durante el gobierno de Pedro Castillo.
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