Pedro Pablo Kuczynski es investigado por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado.
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El juez Jorge Chávez Tamariz seguirá a cargo de la etapa de control de la acusación fiscal presentada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros por el caso 'Westfield Capital', vinculado a Odebrecht.
Ello, debido a que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que declaró “improcedente” la recusación que presentó la defensa legal del exmandatario para apartar al magistrado Chávez Tamariz de este proceso penal por una supuesta falta de imparcialidad.
El tribunal superior declaró infundado el recurso de apelación que interpuso la defensa legal del exjefe de Estado para revocar la resolución que declaraba improcedente esta recusación.
Los abogados del exmandatario sostienen que la actuación del juez Chávez Tamariz no se ajusta a derecho y vulnera tanto la debida motivación como el derecho a la defensa de su patrocinado.
No obstante, el tribunal superior coincidió con el Juez Chávez Tamariz respecto a que esta recusación fue presentada fuera del plazo de tres días hábiles previsto en el artículo 54 , inciso 2, del Código Procesal Penal.
“Debe procederse a desestimar los argumentos del recurso impugnativo formulado por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kusczynki Godard; y, en consecuencia, debe procederse a confirmar la resolución impugnada”, precisó el tribunal superior en una resolución emitida el último cuatro de julio a la que tuvo acceso RPP.
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Pedro Pablo Kuczynski es investigado por organización criminal y lavado de activos
El fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al acusarlo por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado.
El magistrado atribuye al exmandatario la conformación de una organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht y otras a través de consultorías y asesorías encubiertas sobre el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur tramos dos y tres, el proyecto de Irrigación Olmos , Rutas de Lima y otros durante el periodo que Kuczynski se desempeñó como alto funcionario del gobierno de Alejandro Toledo.
El fiscal Pérez comprendió en su acusación fiscal al empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, para quien pidió 35 años de prisión, y a Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo, personas cercanas al exjefe de Estado, para quienes solicitó 23 años de prisión y 11 años y 6 meses de cárcel, respectivamente.
El magistrado también incluyó en su acusación en su condición de personas jurídicas a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorias Limited, y Latin América Enterprise Fund Managener LLC, para las cuales demandó la prohibición de realizar a futuro actividades relacionadas al delito cometido con carácter de definitivo, así como a la empresa Dorado Asset Management Company, para la cual solicitó su disolución y liquidación.
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