Las defensas de estos empresarios señalaron que existen nuevos elementos de convicción que han hecho desaparecer la sospecha fuerte que inicialmente sirvió de sustento para imponer la prisión preventiva contra sus patrocinados.
El Poder Judicial rechazó los nuevos pedidos realizados por los empresarios Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se les impuso en la investigación preparatoria que se les sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y otros vinculados al caso Odebrecht.
El juez Jorge Chávez Tamariz declaró infundados estos pedidos en los que los abogados de estos empresarios sostenían que existen nuevos elementos de convicción que hicieron desaparecer la sospecha fuerte que inicialmente sirvió de sustento para imponer la prisión preventiva contra sus patrocinados dentro de este caso.
El magistrado determinó que no existen razones válidas para sostener que pueda variarse esta medida coercitiva impuesta por su despacho a estos empresarios por otra menos gravosa, en atención a que no es posible sostener que haya desaparecido el peligro de fuga ya que ambos se encuentran en calidad de no habidos por la justicia dentro de esta investigación preparatoria que se inició en marzo de 2019.
Pide evaluación médica de investigados
Sobre las enfermedades que aquejan a estos empresarios dadas a conocer por sus abogados, el juez Chávez Tamariz precisó que resulta razonable que los investigados sean evaluados por un médico legista actualmente, a fin de tener certeza sobre la presencia de las referidas dolencias teniendo en cuenta que los documentos físicos sobre estas complicaciones de salud datan de una fecha anterior al actual requerimiento de cese de prisión preventiva.
El magistrado también estableció que no es posible estimar que existe arraigo domiciliario y laboral respecto a estos empresarios al resaltar que si bien se han efectuado diligencias por parte de los fiscales en el inmueble vinculado a los investigados no fueron encontrados en el lugar, desconociéndose su paradero hasta la fecha.
De acuerdo con el Ministerio Público, ambos empresarios constituyeron empresas para recibir dinero de Odebrecht que era utilizado para pagos a diversos funcionarios que favorecieron a la constructora brasileña en contrataciones públicas para la adjudicación de obras en el país.
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