El tribunal supremo declaró infundados los recursos de apelación planteados por la defensa legal de Pedro Castillo. En los pedidos, se argumentaba que los hechos que atribuye la Fiscalía no constituyen delitos de rebelión y conspiración a la rebelión.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó dos pedidos del expresidente Pedro Castillo con los que buscaba archivar el proceso penal que afronta por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022.
El tribunal supremo declaró infundados los recursos de apelación que presentó el exmandatario para revocar las resoluciones emitidas por el juez supremo Juan Carlos Checkley el 12 y 23 de junio del 2023; en las que rechazó una tutela de derechos y una excepción de improcedencia de acción, respectivamente.
En sus pedidos, la defensa legal del mandatario argumentaba que los hechos que le atribuye la Fiscalía no constituyen los delitos de rebelión y conspiración a la rebelión respecto a este caso.
Fundamentos del juez
Sobre el primer recurso, la sala presidida por el juez supremo César San Martin precisó que la tutela de derechos no está destinada a cuestionar la tipicidad de los hechos imputados y que la disposición fiscal aprobada judicialmente dio cuenta de los hechos relevantes ocurridos el 7 de diciembre del 2022.
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"En la disposición se detalló el comportamiento del imputado en una razonable línea de tiempo e incluso se hizo referencia a los elementos investigativos que aportaron la información con lo que se construyó la formalización de la investigación preparatoria", precisa el colegiado supremo en su resolución a la que tuvo acceso RPP.
Respecto al recurso de excepción de improcedencia de acción, el tribunal supremo precisó que la tipificación de los hechos materia de imputación es compatible con el tipo delictivo de rebelión y, en todo caso, también en la vía alternativa que se invocó respecto a la posible comisión de conspiración para rebelión que es un acto de participación intentada expresamente tipificada.
La Sala Suprema también remarcó que ya se pronunció respecto del delito de rebelión en las apelaciones presentadas por la defensa legal del exmandatario el 13 y 28 de diciembre del 2022, por lo que no constan razones válidas para cambiar de criterio jurídico.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo a raíz de este caso; por el cual cumple 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
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