La Universidad Privada Telesup S.A.C deberá ser incorporada por la Fiscalía en la investigación preparatoria que se sigue contra su fundador, el congresista José Luna Gálvez por las presuntas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú ante la ONPE
El Poder Judicial ordenó que la Universidad Privada Telesup S.A.C sea incorporada dentro de la investigación preparatoria seguida a su fundador, el congresista José Luna Gálvez y otros por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento que hizo la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao para que dicha casa superior de estudios sea incorporada como persona jurídica dentro de esta investigación preparatoria.
Uso de Telesup, según Fiscalía
Según el Ministerio Público, La Universidad Privada Telesup S.A.C fue utilizada para viabilizar las actividades de la organización criminal, para tener influencia en los entonces miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura; Guido Aguila y Sergio Noguera, así como favorecer al exconsejero Julio Gutiérrez con depósitos en cuentas a nombre de su hijo.
También el financiar publicaciones de Aguila, designar a la esposa de Noguera como decana de facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y permitir que un bien inmueble de esta casa superior de estudios sea consignado como su dirección domiciliaria.
La tesis de la Fiscalía también establece que estos beneficios económicos sirvieron para influir en el proceso de selección del jefe de la ONPE, donde dichos consejeros votaron favorablemente por el nombramiento del candidato Adolfo Castillo Meza.
Asimismo, para financiar el proceso de inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú y pagos a los integrantes de la organización criminal por las actividades desplegadas.
El congresista José Luna Gálvez también afronta otra investigación preparatoria por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en 2011 y 2014.
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