por Julio Cisneros
. Actualizado elEl juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el requerimiento realizado por la defensa legal del Estado para ser actor civil o parte agraviada en la investigación fiscal contra Alejandro Toledo por el caso Odebrecht.
La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se le pueda imponer al expresidente Alejandro Toledo y otros si se les halla responsables de los cargos que se les imputa a raíz de los supuestos aportes ilegales por partes de Odebrecht y otras empresas para la campaña presidencial del exmandatario en 2011.
Esto debido a que el juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el pedido que hizo la defensa legal del Estado para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria iniciada por Fiscalía al exmandatario, a los exministros Javier Reátegui y Carlos Bruce, el exjefe de seguridad Avraham Dan On y un grupo de personas vinculadas al partido político Perú posible por estos hechos.
El magistrado adoptó esta medida al determinar que la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato cumplió los requisitos establecidos en el Código Procesal penal para aprobar su requerimiento.
Asimismo, desestimó las oposiciones presentadas por los abogados del exministro Javier Reategui Rosello y de Pedro Rodríguez Aliaga al requerimiento de constitución en actor civil formulado por la Procuraduría d hoc en este proceso penal.
Requerimientos
La defensa legal del Estado ya había presentado dentro de su solicitud de constitución en actor civil su propuesta inicial para que estos investigados paguen en forma solidaria, la suma de 15 744 89.16 dólares, por concepto de reparación civil a favor del Estado por el presunto delito de lavado de activos.
La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato también demandó que el exmandatario y los demás investigados paguen en forma solidaria la sima de 7 889 313.84 por concepto de reparación civil, a favor del Estado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir a raíz de este caso.
La defensa legal del Estado hizo estos pedidos al remarcar que los hechos atribuidos por la Fiscalía a los investigados lesionaron la imagen institucional del Estado peruano pro lo que se reserva su derecho a solicitar que se varíe o incremente el monto postulado tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial en función a mayores elementos de convicción que acrediten mayores daños generados al Estado peruano.
Investigación
La investigación fiscal se inició en 2018, luego de que el expresidente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, reconociera ante Fiscalía que entregó 700 000 dólares a Avraham Dan On, exjefe de Seguridad del Gobierno de Alejandro Toledo, para financiar la campaña presidencial del entonces líder del partido político Perú Posible en 2011 y para el pago de deudas relacionadas a las propiedades que tenía en nuestro país.
El expresidente Alejandro Toledo cumple 18 meses de prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, por el caso de la Carretera Interoceánica Sur tramos II y III, vinculado a Odebrecht por el cual fue extraditado el pasado 23 de abril desde los Estados Unidos tras pesar sobre el expresidente una acusación penal de 20 años y 6 meses de prisión en este proceso penal.
El exjefe de Estado también afronta otro proceso penal por el caso del tramo IV de la Carretera Interoceánica junto a la empresa brasileña Camargo y Correa por el cual Fiscalía pidió 35 años de prisión en su contra y, además, tiene un juicio pendiente junto a su esposa Eliane Karp por el denominado caso ‘Ecoteva’, donde el fiscal superior Rafael Vela solicitó para ambos la pena de 16 años y 8 meses de cárcel.
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Julio Cisneros Periodista
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