PJ incorporó a la Procuraduría como actor civil en proceso contra suspendida legisladora María Cordero

La Procuraduría General del Estado podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a la suspendida legisladora María Cordero en caso sea hallada culpable de los cargos que le imputa la Fiscalía por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho en el 2022.

Esto debido a que el juez supremo, Juan Carlos Checkley, declaró fundada la solicitud que hizo la defensa legal del Estado peruano, el último 30 de julio, para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria que afronta Cordero Jon Tay como presunta autora del delito de concusión en agravio del Estado por este caso.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que la solicitud de constitución en actor civil presentada por la Procuraduría General del Estado cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para ser aceptada. 

Bajo este criterio, el juez supremo declaró infundada la oposición que presentó la defensa legal de la suspendida congresista al sostener que la solicitud de la Procuraduría General del Estado no cumple los requisitos exigidos por la norma.

"A criterio de este Juzgado, la Procuraduría cumplió con individualizar el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuanto corresponde al tipo de daño que afirma haber sufrido" precisó Checkley Soria en una resolución emitida el último 18 de octubre al que tuvo acceso RPP.

La Procuraduría General del Estado incluyó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial ante el Poder Judicial para que la suspendida legisladora María Cordero Jon Tay pague la suma de 200 mil soles como reparación civil por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho en el 2022.