por Redacción RPP
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La audiencia será encabezada por el juez Raúl Justiniano desde las 10 de la mañana en la sede del Poder Judicial de la avenida Tacna. También se analizará el pedido de prisión preventiva contra los hermanos de Lilia Paredes.
El Poder Judicial iniciará este lunes 24 de abril la evaluación del requerimiento fiscal para que se varíe el mandato de comparecencia simple contra la exprimera dama Lilia Paredes, por el de 28 meses de prisión preventiva a raíz del caso Anguía.
La audiencia será encabezada por el juez Raúl Justiniano desde las 10 de la mañana en la sede del Poder Judicial ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.
El magistrado también analizará durante la audiencia el pedido fiscal para que se disponga similar medida a David y Walter Paredes Navarro, hermanos de la esposa del expresidente Pedro Castillo, quienes también están implicados en el caso.
El juez Justiniano Romero dispuso “excepcionalmente” que Lilia Paredes, quien se encuentra bajo asilo político en México, y sus hermanos participen en esta audiencia de manera virtual.
En tanto, el magistrado determinó que el fiscal Jorge García Juárez del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder y los abogados de los investigados participen de manera “presencial” en esta audiencia que tiene carácter de “inaplazable”.
Requerimiento previo
El último 29 de marzo, el juez Raúl Justiniano declaró improcedente un primer requerimiento fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes y sus hermanos, al considerar que el Ministerio Público debió pedir la variación de la comparecencia simple y no demandar de frente la medida de prisión preventiva de manera independiente dejando abierta la posibilidad de que la Fiscalía pueda realizar un nuevo pedido en este caso.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a estas personas junto a Yenifer Paredes, cuñada del exjefe de Estado, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero y otros integrar una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas.
Dicha organización habría tenido como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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