El juez Manuel Chuyo dirige la audiencia de solicitud de impedimento de salida del país para los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros personajes investigados por el caso Provías Descentralizado.
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Desde esta mañana se viene desarrollando la audiencia de solicitud de impedimento de salida del país para los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros personajes investigados por el caso Provías Descentralizado. Al inicio de la audiencia fue rechazado un pedido para suspender la sesión.
El pedido fue hecho por el abogado del detenido empresario Zamir Villaverde, quien indicó que no había tenido acceso a la carpeta fiscal; sin embargo, la fiscal provincial Karla Zecenarro señaló que la información brindada por el abogado era falsa, ya que se había programado un día para la lectura de la carpeta fiscal, sin embargo, no asistieron las defensas del empresario.
El juez Manuel Chuyo indicó que se continuaría con la audiencia en la que se evalúa la situación legal de 11 personas. La sesión comenzó con la sustentación de la representante del Ministerio Público y de los implicados que se encontraban presentes para darle un plazo al abogado del empresario Zamir Villaverde para preparar su intervención.
Los argumentos de la fiscal
La fiscal Karla Zecenarro recibió 30 minutos para poder presentar parte de su sustento. La representante del Ministerio Público comenzó señalando la responsabilidad que se le atribuye al empresario Víctor Valdivia Malpartida, exfuncionario de Provías Descentralizado, miembro del comité de selección de la licitación pública.
"Se le atribuye el delito de colusión agravada por cuanto, aprovechando su condición de miembro del comité de selección de esta licitación, habría concertado ilícitamente con los coinvestigados Víctor Rony San Miguel Velásquez, Héctor Pasapera Adrianzén, representantes del consorcio Puente Tarata, y también con los señores George Pasapera Adrianzén, que era representante de la empresa Termirex, que formaba parte del consorcio,
"(….) para efectos de favorecerlo con la buena pro, pese a que no cumplía con los requisitos necesarios, además, efectuando acciones de postergación de fechas de presentación de propuestas y avalando una propuesta de un grupo económico que no debió ser validada y no debió ser admitida para que pueda pasar a las etapas siguientes", indicó.
Del mismo modo, Zecenarro atribuyó a los miembros del comité, dentro de los hechos del proceso de selección, una presunta concertación ilícita, entre Víctor Valdivia Malpartida, exfuncionario de Provías Descentralizado, y Alcides Villafuerte Vizcarra, encargado de la gerencia de obras en aquel momento.
La fiscal indicó que entre los delitos que se les atribuye a estas 11 personas se encuentra el tráfico de influencias en el caso de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Castillo, además de colusión y organización criminal, así como falsa declaración y falsificación de documentos. Se estima que la audiencia se prolongue por los próximos días.
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