PJ declaró "consentida" resolución de mandato de comparecencia contra congresista María Cordero Jon Tay

La resolución judicial en la que se impone mandato de comparecencia con restricciones a la suspendida legisladora, María Cordero Jon Tay, investigada por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho congresal en el 2022, se mantiene vigente.

Esto, debido a que el juez supremo, Juan Carlos Checkley, declaró consentida la resolución en la que impuso dicha medida contra la congresista como parte de la investigación preparatoria que se le sigue como presunta autora del delito de concusión en agravio del Estado a raíz de este caso.

El magistrado adoptó esta medida al haber transcurrido el plazo de tres días que establece el Código Procesal Penal para interponer recurso de apelación contra la decisión emitida por su despacho el último 9 de agosto dentro de esta investigación preparatoria "sin que las partes hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno".

El juez supremo declaró fundado el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para que se impusiera mandato de comparecencia con restricciones contra Cordero Jon Tay en la investigación preparatoria que se le sigue por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho a entregarle el 50 % de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.

El magistrado dispuso que la suspendida congresista cumpla con una serie de reglas de conducta y que además pague una caución económica de 50 mil soles.

El fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, formalizó está investigación preparatoria luego que el último 14 de marzo el pleno del Congreso aprobara suspender a María Cordero Jon Tay de su cargo y levantar su inmunidad parlamentaria a fin de que pueda afrontar este proceso penal.

No obstante, la Representación Nacional no aprobó la propuesta para que Cordero Jon Tay sea inhabilitada por 10 de años para ejercer cargo público.