por Redacción RPP
. Actualizado elEl Poder Judicial declaró improcedente la apelación que presentó Yenifer Paredes para mantener contacto con la expareja presidencial. Asimismo, tampoco podrá declarar a la prensa por lo concerniente al Caso Anguía
El Poder Judicial declaró “improcedente” el recurso de apelación que presentó Yenifer Paredes para revocar la resolución en la que se le prohíbe comunicarse con el expresidente Pedro Castillo, la ex primera dama Lilia Paredes y otros investigados y testigos del caso “Anguía”.
Además, Yenifer Paredes deberá seguir absteniéndose de brindar declaraciones a la prensa sobre hechos relacionados a este proceso.
Fundamentos
El juez Raúl Justiniano adoptó esta medida al determinar que la defensa legal de la cuñada del exmandatario no cumplió con precisar cuáles eran las partes del contenido de dicha resolución sobre las cuales presentó su impugnación.
El magistrado también remarcó que la defensa legal de Yenifer Paredes tampoco formuló una adecuada delimitación de su pretensión concreta dentro del recurso de apelación que presentó en este caso.
“Estando ante tales planteamientos discordantes en forma inexorable amerita desestimar el presente recurso pues, para su admisibilidad, debió cumplirse con todos los requisitos previstos en el dispositivo legal invocado lo que no ha ocurrido en el presente caso” se precisa en la resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.
Asimismo, el magistrado Justiniano Romero dispuso remitir a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional el recurso de apelación que presentó el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder (EFICOP) con el que busca que se imponga a Yenifer Paredes la prohibición de comunicarse con implicados en otras presuntas organizaciones criminales vinculadas al expresidente Castillo Terrones, como la del caso "PetroPerú”.
Cabe resaltar que el EFICOP atribuye a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, sus hermanos Yenifer, Walter y David Paredes, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas que operaba en Lima, Cajamarca y Amazonas.
En dichas regiones, se habría favorecido a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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