por Redacción RPP
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El magistrado evaluó este jueves el recurso de tutela de derechos del mandatario Pedro Castillo, contra la denuncia que la Fiscalía presentó por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Luego de casi dos horas de la audiencia de tutela de derechos, presentada por la defensa legal del presidente Pedro Castillo para anular la denuncia constitucional de la Fiscalía, el juez Juan Carlos Checkley anunció que resolverá el recurso en el "en el plazo de ley" .
Como se sabe, el magistrado evaluó este jueves el recurso de tutela de derechos del mandatario contra la denuncia que la fiscalía presentó por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Postura de fiscalía
El fiscal supremo adjunto de Perú, Marco Huamán, afirmó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley que este es un "acto postulatorio", a consecuencia de haber terminado la etapa de investigación preliminar contra el gobernante, quien asumió el cargo en julio de 2021.
Sostuvo, en esa línea, que la denuncia constituye un acto procesal válido que no transgrede lo dictado con anterioridad por el juez y que, además, está "muy alejada" de la emisión decisoria de la acusación constitucional.
Huamán insistió en que el proceso no puede ser cuestionado por medio de una tutela de derechos porque, aseguró, es una decisión unilateral del Ministerio Público para poner en conocimiento al Parlamento del término de las diligencias preliminares.
Mediante este recurso, que será resuelto por Checkley en el plazo de ley, Castillo busca dejar sin efecto dicha denuncia constitucional por una supuesta afectación a la tutela jurisdiccional efectiva.
La fiscal Benavides presentó el pasado 11 de octubre, en el Parlamento, esta denuncia constitucional contra el mandatario, a quien le atribuye los delitos de organización criminal, colusión (fraude) y tráfico de influencias, por supuestamente encabezar una red criminal en el Ejecutivo que obtuvo dinero ilícito de licitaciones fraudulentas.
Estas acusaciones siempre han sido negadas por Castillo, quien defiende la existencia de un "complot" entre un sector de la oposición política, de la prensa y del Poder Judicial para sacarlo del poder, mediante una "nueva modalidad de golpe de Estado".
Defensa de Benji Esponiza
Por su parte, la defensa legal de Castillo, representada por el abogado Benji Espinoza, insistió durante la audiencia que el artículo 117 de la Constitución peruana, solo permite que el presidente en funciones sea acusado por cuatro delitos concretos, que no contemplan las causales de corrupción.
Además, Espinoza sostuvo que el despacho de Checkley ya fijó "límites claros" en las investigaciones contra el jefe de Estado, pues alegó que el juez supremo, en una resolución del 22 de junio pasado, indicó que la fiscalía de la Nación no puede formalizar una investigación preparatorio fuera del artículo 117 de la carta magna.
"(Usted) le dijo al Congreso de la República que no puede emitir una resolución acusatoria contra el presidente (...) y le dijo a la fiscalía de la Nación que no es posible, que apenas puede iniciar una investigación preliminar, nada más que eso", señaló el abogado.
Y continuó: "O la Fiscalía lee mal su resolución o la entiende y la desobedece (...) las letra de su Justicia han sido absolutamente claras, lo único que le corresponde a la Fiscalía de la Nación es acatar".
Por otro lado, Espinoza rechazó el argumento de Benavides de aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues afirmó que este "no es un tratado de derechos humanos" y, por tanto, tiene un rango que "vale menos que la Constitución".
Durante su intervención, los representantes de la Procuraduría General del Estado señalaron que el juez Checkley no tiene facultades para decidir si la denuncia fiscal es válida o no, porque esto, aseguraron, es competencia del Congreso.
(Con información de EFE)
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