Pedro Castillo pide al Poder Judicial excluir como prueba el acta de intervención policial en su contra tras fallido golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial que excluya como “medio de prueba” el acta de intervención policial que registra su detención por parte de los agentes policiales a cargo de su seguridad tras el fallido golpe de Estado que encabezó el 7 de diciembre del 2022.

A través de su defensa legal, el exmandatario presentó una tutela de derechos contra la Fiscalía de la Nación en la que alega una presunta vulneración a sus derechos constitucionales como el debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, no autoinculpación, a la dignidad humana y a las disposiciones específicas de legalidad con relación a este caso.

En ese sentido, Pedro Castillo demanda en su recurso que se dicte las medidas de corrección y protección frente a los documentos que afectan sus derechos antes descritos y se resuelva la exclusión de esta acta de intervención policial como prueba en este proceso penal.

Audiencia el lunes 18 de septiembre

Esta tutela de derechos fue presentada ante el despacho del juez Supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien programó para el lunes 18 de setiembre a las 11:30 a.m. una audiencia virtual para evaluar este recurso con la participación de Pedro Castillo y las demás partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.

La Fiscalía de la Nación utilizó dicha acta de intervención policial para lograr que el Poder Judicial ordenara la detención preliminar del exmandatario y posteriormente que se le imponga 18 meses de prisión preventiva al dar cuenta en su contenido. Luego de haber sido vacado por el Congreso, el exmandatario fue intervenido por la autoridad policial al considerarlo en flagrancia delictiva cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima para buscar asilo y fugar del país tras su fallido intento de golpe de Estado el 07 de diciembre del 2022.

Pedro Castillo se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo en el distrito limeño de Ate al estar siendo sometido a una investigación preparatoria en el Ministerio Público por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad publica en agravio del Estado y la sociedad a raíz de este caso.