La defensa legal de Pedro Castillo demandó que el juez supremo se aparte del conocimiento de la etapa de control de acusación en atención a que fue incorporado en la investigación preliminar por presunta organización criminal contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
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El juez supremo Juan Carlos Checkley seguirá a cargo de la etapa de control de la acusación fiscal presentada contra el expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022.
Ello, debido a que el último 27 de mayo el magistrado declaró improcedente una recusación que presentó el exmandatario para que ya no intervenga en el proceso penal por una supuesta falta de imparcialidad.
La defensa legal del exmandatario demanda que el juez supremo se aparte del conocimiento de la etapa de control de acusación en atención a que fue incorporado en la investigación preliminar por presunta organización criminal seguida a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
En dicha recusación se remarca que, así como Checkley Soria se inhibió de intervenir en la investigación seguida a Patricia Benavides, también debió inhibirse en este proceso.
No obstante, Checkley rechazó esta recusación al precisar que fue presentada fuera del plazo legal de tres días que establece el Código Procesal Penal para interponer dicho recurso.
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Fiscalía pide 34 años de prisión contra Pedro Castillo
El magistrado Checkley Soria dispuso remitir esta recusación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que la evalúe a fin de emitir una decisión final al respecto.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y de la sociedad.
Dicha fiscalía suprema también pidió 25 años de cárcel para la exjefa del Gabinete Ministerial Betsy Chávez y los exministros Willy Huerta Oliva y Roberto Sánchez así como también los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Jesus Venero Mellado y Eder infanzón Gómez al acusarlos como co autores del delito de rebelión en agravio del Estado.
Además, la instancia fiscal solicitó 15 años de prisión contra el exasesor y ex jefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres Vásquez, como presunto coautor del delito de rebelión en este caso.
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