El Ministerio Público y un equipo de aproximadamente 15 efectivos de la Diviac realizan un operativo en la casa de jirón Sarratea, propiedad del empresario Alejandro Sánchez, actualmente prófugo de la justicia.
El Ministerio Público y un equipo de -aproximadamente- 15 efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ingresaron la mañana de hoy, viernes, a la casa de jirón Sarratea, en el distrito limeño de Breña, lugar que sirvió de sede de campaña de Perú Libre en el 2021 y que, según las investigaciones fiscales, habría servido como centro de operaciones de los primeros meses de la gestión presidencial de Pedro Castillo.
La diligencia se realiza luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la incautación con allanamiento y descerraje de dicha vivienda "para ulterior decomiso de propiedad".
"Ordeno la desposesión del referido inmueble al propietario, ocupantes y terceros que se encuentren en su interior, a efectos de que sean administrados por PRONABI" señala la orden judicial a la que accedió RPP Noticias.
Los representantes del Ministerio Público a cargo de dicha medida, según el citado documento, son la fiscal provincial Kelinda Janampa, y los fiscales adjuntos provinciales del Equipo de Fiscales contra la Corrupción, Edinson Villanueva, Mariela Vilca y Susan Miranda.
Asimismo, el Poder Judicial dispuso que la diligencia tenga una duración de 72 horas, y que el Ministerio Público cuente con un plazo de 14 días para "ejecutar dicha medida".
Para ejecutar la orden judicial, los efectivos policiales estaban preparados para ingresar a la casa forzando los accesos. Sin embargo, los ocupantes del inmueble les habrían dado las facilidades del caso para realizar el operativo sin recurrir a la fuerza.
Investigaciones en curso
La diligencia se enmarca en las investigaciones de la Fiscalía por la presunta existencia de una organización criminal "dirigida por el expresidente Pedro Castillo, el cual habría instalado su centro de operaciones en el inmueble (...), con el objeto de instrumentalizar el poder en su beneficio y con ello defraudar al Estado"
"Dicho inmueble habría sido utilizado como centro de operaciones criminales de la presunta organización criminal en el caso Asesores en la Sombra como lugar para la designación de ministros y funcionarios de alta dirección (...) Asimismo, es probable que en el interior del inmueble se logre encontrar bienes relevantes para la investigación", refiere la orden judicial.
La orden responde a la solicitud de la Fiscalía que señaló que "según las máximas de la experiencia, las personas proclives a cometer delitos y, más aún, las que guarden vínculos con el (expresidente) son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal".
Cabe recordar que el propietario del inmueble, el empresario Alejandro Sánchez, se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 11 de octubre, cuando el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal.
Unos días después, a través de su cuenta de Facebook, Sánchez indicó que no había cometido ningún delito, pero que no se iba a entregar a la justicia ni someterse a la colaboración eficaz.
“No voy a hacerme una auto incriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo en aquel momento.
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