Pedro Castillo: ¿cuáles son las investigaciones que alcanzan al presidente?

A un año de haber asumido la presidencia del Perú, Pedro Castillo se ha visto envuelto en una serie de situaciones que generó la intervención de la Fiscalía al hallar varios indicios de su participación en presuntos delitos.

En enero de 2022, la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió investigación preliminar contra Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias en la licitación para abastecer de biodiésel a Petroperú y la irregular licitación del proyecto Puente Tarata III en la región San Martín. Sin embargo, tras realizar una interpretación de la Constitución, Ávalos suspendió dicho proceso hasta que culmine su mandato presidencial en 2026.

La historia cambió a fines de mayo, cuando Zoraida Ávalos dejó el cargo en la Fiscalía y este fuera asumido de manera interina por Pablo Sánchez. Él decidió incluir al mandatario en la investigación que se abrió en contra del exministro de Transportes Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular, apodados 'Los Niños', por su presunta participación para beneficiar a empresas chinas en millonarias licitaciones.

En esta investigación, la Fiscalía sindica al presidente como el presunto líder de una organización criminal enquistada dentro del Ministerio de Transportes. Para el abogado penalista Andy Carrión, la investigación a Pedro Castillo dentro de su mandato es un hecho histórico que marca un precedente en el marco jurídico.

"Yo creo que es un precedente importantísimo el que acaba de sentar el exfiscal interino Pablo Sánchez en el sentido de que es la primera vez que un presidente en funciones viene siendo investigado, sobre todo en atención a la oportunidad de la recabación de pruebas. Y esto definitivamente crea un precedente para casos futuros. Es decir, aquellos que después del 2026 sean elegidos presidente de la República, van a tener la posibilidad de ser incorporados dentro de una investigación dirigida por la Fiscalía de la Nación; así como también la oportunidad de defenderse", señala.

A inicios de julio, y luego de que asumiera el cargo como nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ratificó la decisión de Pablo Sánchez de investigar al mandatario por el caso Puente Tarata III. Semanas después, Benavides reactivó las otras dos investigaciones que Zoraida Ávalos había suspendido: la de los irregulares ascensos militares y la irregular licitación para abastecer de biodiesel a Petroperú.

Además, al mandatario se le abrió otra investigación por encubrimiento personal, tras destituir a Mariano González de la cartera del Interior, luego de que éste creara un equipo especial de la policía para apoyar al Ministerio Público en la búsqueda de Juan Silva, el exsecretario Bruno Pacheco y el sobrino del presidente Fray Vásquez. El primero en ser detenido ha sido Bruno Pacheco, tras ponerse en contacto con la Fiscalía.

Actualmente, Pedro Castillo acumula 4 investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, encubrimiento personal y colusión agravada. A ellas, se le suma la investigación que se abrió contra el mandatario y su esposa por presunto plagio en su tesis de maestría y que ahora está a cargo de la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo.

El abogado Andy Carrión nos explica qué pasará con las investigaciones durante el periodo presidencial de Castillo:

"Con la acusación sí tendríamos que esperar hasta el 2026, pero hay algo importante que también ha señalado el propio fiscal Pablo Sánchez y es la urgencia de recabar indicios a efectos de dilucidar las incriminaciones que se tienen en contra del presidente. Este es un elemento principal por la que el fiscal de la Nación se animó a reinterpretar constitucionalmente esta prohibición de acusar a un presidente en funciones", estima.

 

Pedro Castillo y su situación desde el Congreso

De otro lado, el pleno del Congreso aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Castillo. Ahora, el informe será derivado a la fiscalía y, si se presenta una denuncia constitucional, también será revisado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, reconoció en RPP que habían corroborado sospechas simples y reveladoras, pero que no podía hablar de un tema concreto contra el presidente.

"Nosotros en la Comisión de Fiscalización hemos estado siguiendo las noticias criminales, hemos estado corroborando las sospechas simples y reveladoras. Ya las otras pruebas van a tener que ser evaluadas en otras instancias jurisdiccionales. Lo que nosotros hemos evidenciado hasta el momento es que existía una relación entre el presidente y los funcionarios, ministros que habían estado concertando hechos ilícitos", señala.

Para el congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, las investigaciones desde el Congreso contra el presidente Pedro Castillo son parte de un plan de acoso político.

"Son parte de un plan de acoso político. Indudablemente, se hace mediático, un show, un circo para generar incertidumbre y generar un cargamontón contra el presidente. Para ello están las instituciones que deben investigar. Él no blinda a nadie y que las autoridades cumplan con su labor de investigar y hallar la verdad de lo que tienen que hallar", cuestiona.

El último 23 de junio, el Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos que presentó la defensa legal del presidente Castillo contra la investigación de la Fiscalía, argumentando que el mandatario no puede ser investigado hasta que termine su gobierno. Aunque el fallo ha sido apelado a la instancia judicial superior, las investigaciones fiscales siguen su curso. Y mientras Pedro Castillo trata de detener las investigaciones en su contra, apelando a la investidura de su cargo, su círculo más cercano está bajo los ojos de la Fiscalía.

Su cuñada Yenifer Paredes es investigada por presunto tráfico de influencias al ofrecer obras en Cajamarca. En tanto, siguen las investigaciones por varios delitos al exministro Juan Silva y Fray Vásquez, que permanecen en la clandestinidad y por quienes se ofrece una recompensa para quienes den información para lograr sus capturas.

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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.