por Redacción RPP
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El abogado del presidente de la República se pronunció respecto a la decisión de la Corte Suprema de declarar infundada la apelación de su defendido para ser excluido de investigaciones como el caso Provías Descentralizado-Puente Tarata.
Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, se pronunció luego de conocerse la decisión de Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de declarar infundado un recurso del mandatario para librarse de la investigación abierta en su contra por el caso el “Provías Descentralizado-Puente Tarata”.
En su cuenta en Twitter, el abogado señaló que esa decisión "abre el camino de la justicia constitucional" y que el caso del jefe de Estado puede llegar hasta el Tribunal Constitucional.
Espinoza indica que el máximo tribunal de justicia del país podría ayudar a resolver "la interpretación coyuntural del artículo 117" de la Constitución Política, sobre el que se ha generado una controversia sobre si permite o no que el presidente de la República en funciones pueda ser investigado por el sistema de justicia.
"La lucha jurídica continúa, no ha terminado", advierte Espinoza en su tuit.
Pedro Castillo puede ser investigado por la Fiscalía
El presidente de la República, Pedro Castillo, continuará siendo investigado por la Fiscalía de la Nación durante el ejercicio de sus funciones por la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, luego de que el Poder Judicial rechazara un recurso presentado por su defensa para anular las investigaciones preparatorias.
A través de su cuenta de Twitter, el PJ detalló que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación que interpuso la defensa legal de Castillo Terrones para revocar la resolución que rechazó la tutela de derechos presentada para que el mandatario sea excluido de la investigación preliminar por el caso “Provías Descentralizado-Puente Tarata”.
Según la tesis fiscal, el mandatario encabezaría una presunta organización criminal enquistada en altas esferas de poder con el objetivo de promover licitaciones públicas irregularidades. La red también estaría compuesta por la primera dama, Lilia Paredes, y su hermana Yenifer Paredes; así como los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
La defensa legal del mandatario alegaba que Pedro Castillo solo puede ser acusado por cuatro causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución: por traición a la patria, por impedir las elecciones, presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; así como por disolver arbitrariamente el Congreso e impedir el funcionamiento de los organismos electorales.
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