Patricia Benavides pidió que se anule la investigación en su contra llevada por la fiscal Delia Espinoza

La suspendida fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó en la audiencia de tutela de derechos ante el juez Juan Carlos Checkley, en la que solicita que se anule la investigación que se le sigue por organización criminal y otros delitos en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La defensa de Benavides Vargas señala que la investigación no se ha llevado acorde al diseño constitucional, pues, según su alegato, al inhibirse el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el caso debió ser abordado "por el fiscal supremo más antiguo"; es decir, Pablo Sánchez.

Asimismo, solicita que se anulen las diligencias y evidencias en su contra recabadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), pues este no tendría competencias al respecto. 

Alegatos

La exfiscal de la Nación indicó al referido juez supremo de investigación preparatoria que no se había respetado el debido proceso en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, encubrimiento personal y real, y falsedad ideológica.

En ese sentido, consideró que se concedió "competencias, irregularmente" a la fiscal suprema Delia Espinoza para conducir la investigación en su contra. 

"Hoy estamos debatiendo la tutela de derechos que rechaza sesgos que eliminan la predictibilidad y seguridad jurídica de todos los ciudadanos (…) Me expreso a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución ni la Ley N° 27399. La Fiscalía de la Nación tiene la competencia legal asignada por el artículo 1 (de dicha ley), para investigar a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución", indicó Benavides.

"Pero esta función ha sido delegada con una motivación insuficiente, pues se alega que el fiscal de la Nación podría ser testigo en un procedimiento, e incluso, sin mayor sentido, excluye al fiscal supremo más antiguo, saltando la Ley Orgánica del Ministerio Público y concede competencias, irregularmente, a una fiscalía suprema distinta del diseño constitucional", agregó. 

Acto seguido, cuestionó la actuación del EFICCOP y señaló que no se habría respetado "la cadena de custodia". 

"Segundo, en la línea de afectaciones de las normas constitucionales, el origen de la investigación en mi contra reside en un agente especial que de la lectura de los documentos sería un o una congresista (…) Señor juez, un agente especial es parte de una actividad criminal, entonces, peor aún, qué competencias tenía una fiscalía provincial para iniciar un procedimiento especial que finalmente me involucraba como líder de una presunta organización criminal", aseveró. 

"En este accionar no se ha respetado la cadena de custodia para la fiabilidad probatoria. Es por eso que estamos ante usted para que en su función de juez de garantía excluya los actos viciados, se reconduzca la competencia conforme al diseño constitucional", puntualizó. 

Por su parte, la fiscal suprema Delia Espinoza alegó que a la defensa de Patricia Benavides se le ha dado “todas las facilidades y toda la amplitud irrestricta de un derecho a la defensa, como corresponde a un estado constitucional de derecho”.

“Nunca se les ha negado copia o lectura de la carpeta. Desde el día 9 de enero del presente año (…) que abrimos investigación, los abogados han tenido acceso irrestricto a la carpeta, lectura, cuantas veces lo han solicitado, y a todas las copias que han pedido de manera libre, amplia, y siempre respetando el debido proceso”, indicó la magistrada.

Además, señaló que a su despacho le correspondía "ver todos los delitos vinculados a altos funcionarios, magistrados, pero de delitos que no sean los referidos al 382, que es concusión, hasta el 401", por lo que solicitó al fiscal de la Nación que se le precisaran sus competencias para abordar el caso de Patricia Benavides. En ese sentido, resaltó que la respuesta del titular del Ministerio Público fue delegarle dichas competencias; pero que ella no pidió llevar el caso. 

"Rechazamos tajantemente, señor juez supremo, que quien habla haya solicitado la investigación. Como ya lo estamos demostrando (…), en ningún momento la suscrita ha solicitado expresamente ese caso, esa carpeta o esos hechos para llevar adelante la investigación”, subrayó. 

Al cabo de la audiencia, el magistrado Checkley Soria indicó que la decisión que adoptará se les comunicará a ambas partes a través de sus casillas electrónicas.