Corte Suprema evaluará el viernes 5 de julio si ordena el impedimento de salida del país contra Patricia Benavides

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el viernes 5 de julio si ordena el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por presunta organización criminal.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., el tribunal supremo analizará el recurso de apelación que presentó la fiscal suprema Delia Espinoza para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el último 8 de mayo, en la que declaró infundado el pedido que hizo para que Benavides Vargas no salga del país por tres años a fin de asegurar su permanencia en las diligencias que realiza su despacho relacionadas con este caso. 

La sala presidida por el juez supremo César San Martín también escuchará ese día los argumentos de la defensa legal de la exfiscal de la Nación para que se rechace esta apelación y se confirme la resolución que emitió el magistrado Checkley Soria.

Esta audiencia virtual no se pudo llevar a cabo el último miércoles 12 de junio en atención a que el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza presentó nuevos elementos de convicción respecto a su pedido de impedimento de salida del país, por lo que el colegiado supremo determinó que esta documentación sea puesta en conocimiento de los abogados de Patricia Benavides para que puedan preparar su defensa legal frente a dicho requerimiento planteado contra su patrocinada.

El 23 de abril último, Delia Espinoza solicitó que se ordene el impedimento de salida del país contra Patricia Benavides en atención al peligro procesal por su probable pertenencia a una organización criminal, que habría encabezado en el Ministerio Público según las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva, y otros elementos.

No obstante, el último 8 de mayo este pedido fiscal fue declarado infundado por Checkley al determinar que este caso no supera el test de proporcionalidad en cuanto a la necesidad de la medida solicitada y en atención a la insuficiencia de elementos de convicción que sustentan el requerimiento fiscal y la conducta procesal adecuada presentada por la investigada y su defensa dentro del este caso.