Operación Valkiria VI: abogado analiza el panorama de la presunta organización criminal de Patricia Benavides

El abogado penalista Julio Rodríguez analizó la situación legal de los asesores de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, quienes estarían involucrados en una presunta red de corrupción que se enquistó en el Ministerio Público.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) allanó este martes las viviendas del exministro del segundo gobierno aprista Hernán Garrido Lecca; de los abogados José Luis Hauyón y Claudia Ruíz Mesías; y del secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo, sindicados como operadores de la suspendida fiscal de la Nación.

En Ampliación de Noticias, Rodríguez dijo que los cuatro investigados, de ser presuntos asesores de Patricia Benavides, serán asesores en la sombra, según la tesis fiscal.

“La solicitud de allanamiento es una solicitud que en esta oportunidad tiene abundante detalle respecto a la eventual intervención de un grupo de personas que no estamos hablando de los asesores formales. Estamos hablando de personas que estarían, según la tesis de la Fiscalía, actuando de manera paralela, una especie de asesores en la sombra”, dijo el abogado penalista.

Investigación fiscal

Julio Rodríguez señaló que la labor de la Fiscalía será desenmarañar precisamente las implicancias, roles, comportamientos y las vinculaciones, para poder determinar si se está hablando de tráfico de influencias.

“Es algo que va a tener que desenmarañarse con mucha precisión y detalle. Si es que estas personas hicieron la labor de injerenciar (sic) para poder colocar a Patricia Benavides como fiscal suprema, tendría que haber una sanción contra la Junta Nacional de Justicia. Para poder determinar si estamos hablando de tráfico de influencias”, explicó.

“[…] Si es que se acredita eventualmente que estas personas influenciaron para que ella fuera influenciada fiscal suprema evidentemente la única posibilidad de que haya un tráfico de influencias en ese procedimiento administrativo, es ante la Junta Nacional de Justicia”, puntualizó.

El letrado afirmó que el allanamiento se hizo en el correcto marco legal. “La posibilidad del allanamiento es con o sin presencia del titular del inmueble. Esta medida busca, como lo establece la norma, inmediatamente incautar bienes inmuebles, sobre todo aquellos que puedan registrar información (discos duros, USV, celulares, tabletas electrónicas, etc.), Estamos hablando de una investigación que está buscando información respecto a comportamientos que podrían estar vinculados a altos tráficos de influencia”.