Los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala son investigados por el caso Lava Jato. El primero se encuentra con prisión preventiva en el penal Bardadillo, mientras que el segundo afronta el proceso en libertad.
El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay, aseguró este viernes que este año culminarán los juicios que afrontan los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos involucrados en el caso Lava Jato.
“Hay algunas variables que quizá no podemos controlar. Puede ser entre meses más; o meses menos, pero lo concreto es que esos dos juicios terminan este año”, aseguró ante la prensa durante la jornada judicial extraordinaria denominada “Descargatón”.
Sahuanay aclaró ante los medios de comunicación que con la finalización de los juicios no está refiriéndose a los veredictos que se den contra Humala y Toledo.
“Que no se diga que el presidente dijo que se va a condenar. No he dicho que se va a condenar, simplemente que los juicios van a terminar. Los mismos jueces, por su propia expertise, han hecho un cálculo y han dicho que definitivamente esos dos casos, del expresidente Alejandro Toledo, como el caso de Ollanta Humala, van a terminar”, precisó el titular de la Corte Superior Nacional de Justicia.
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Más de 180 millones de dólares como reparación civil
La Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato pidió el pasado 25 de abril al Poder Judicial que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski junto a un grupo de exministros de Estado y otros implicados paguen, de manera solidaria, la suma de 181 millones 843 mil 150.29 dólares como reparación civil a favor del estado a raíz del caso del Proyecto de Irrigación Olmos vinculado a Odebrecht. El monto deberá ser abonado por los acusados si es que son hallados responsables.
La defensa legal de nuestro país presentó está propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud que hizo para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria, la cual fue aceptada el último 22 de abril por la jueza Soledad Barrueto Guerrero.
La Procuraduría también dejó constancia ante el Poder Judicial que se reserva su derecho de poder variar o incrementar el monto postulado tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial en función a mayores elementos de convicción.
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Durante los últimos meses hemos visto desfilar a decenas de abogados que para defender a sus patrocinados no vacilan en forzar las interpretaciones, lanzar acusaciones ligeras y multiplicar losrecursos procedimentales para dilatar los plazos y confundir a la opinión pública.
Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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