Fiscalía "no puede hilvanar" indicios de presuntas entregas ilícitas de dinero a campañas de Ollanta Humala, dice Wilfredo Pedraza

El expresidente Ollanta Humala rindió su declaración en el juicio oral que afronta por los presuntos aportes irregulares provenientes de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales del 2006 y del 2011. En su manifestación, aseguró que la Fiscalía no cuenta con las pruebas para acusarlo por esta presunta entrega ilegal de dinero.

Al respecto, en línea con lo mencionado por Humala Tasso, su abogado, Wilfredo Pedraza, dijo que para el caso de la supuesta entrega desde Venezuela, la Fiscalía sostiene que se habría extraído dinero del tesoro público venezolano y que pretendía probar dicha situación con las declaraciones brindadas por Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

"Creo que después de tantos años de investigación, la Fiscalía sigue mostrando indicios, que no los puede hilvanar, para acreditar que realmente hubo entrega de dinero", mencionó en diálogo con RPP.

Pedraza precisó que lo dicho por ambos expresidentes se trataban de "comentarios políticos" y afirmó que Virly Torres, exembajadora de Venezuela en Perú y sindicada como la persona que habría ingresado el dinero, no salió de Lima durante el periodo de campaña.

"Se ha probado en el proceso que en el periodo de campaña entre el 2005 y 2007, Virly Torres nunca salió de Lima, así que era improbable, poco probable, imposible, diría, que ella vaya a Venezuela y traiga dinero. Así que en esa parte, absolutamente tranquilos", refirió.

Asimismo, respecto a las supuestas entregas de las constructoras brasileñas, señaló que Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y Fernando Migliaccio, directivos de la empresa, no ratificaron la versión de que se habría dado dinero a Nadine Heredia para las campañas.

Pedraza agregó que la ONPE no realizó observaciones a las campañas de Humala en el 2006 y 2011 y que el exmandatario no tenía el manejo de los ingresos de sus aportantes. Sin embargo, sí consideró que existió un "desorden" en el manejo de la caja.

"Él (Humala) no admite, porque no tiene el manejo financiero puntual, pero yo personalmente sí estimo que lo que hubo es un desorden en el manejo de recursos y creo que es un problema de todos los partidos sin excepción, porque la gente masivamente va a donar dinero y lo que la ley en el año 2006 establecía, y luego también, es que simplemente se recibe el efectivo", apuntó.

Declaraciones de Rocío Calderón

Durante la audiencia realizada el último miércoles, Rocío Calderón, amiga cercana de la ex primera dama, admitió haber abierto una cuenta bancaria para recibir aportes destinados a la campaña presidencial del Partido Nacionalista.

Sobre esto, Pedraza sostuvo que, efectivamente, Calderón facilitó una cuenta en el año 2005 para recibir dinero desde Estados Unidos, a nombre de un empresario "que tiene motivación por la política, que conoció a Ollanta y que quiso ayudarlo en la fundación del partido".

En su testimonio, Calderón sostuvo que desconocía a la persona o empresa que depositó ese dinero, ya que en las transferencias recibidas no aparecía su nombre completo. Fue mediante un informe de inteligencia durante la investigación que conoció que el aportante era la empresa venezolana Kaysamak, cuyo gerente general era Julio Macaren Urdaneta.

"(Macaren) no ha dado su testimonio, ha mandado una carta hace varios años ya ratificando y lo declaró en medios, declarando que en efecto es un hombre de izquierda, quería ayudar al nacionalismo", apuntó.

Aportes ilícitos en 2011

En otro momento, Pedraza afirmó que "el tema de fondo" es determinar si los aportes para campañas políticas era considerado o no un delito en el 2011. Sobre esto, dijo que es desde 2019 que los aportes o financiamiento irregular para campañas políticas constituyen un ilícito penal.

"Por regla básica en el derecho, todo lo ocurrido antes del 2019, sea verdad o no lo que la Fiscalía o el señor Humala dice, no puede ser considerado delito, sino regularse, investigarse y sancionarse administrativamente a partir de la Ley de Partidos Políticos", apuntó.

Asimismo, frente al origen ilícito del dinero de las constructoras brasileñas para su beneficio, mencionó que en 2011 no había información pública sobre "las traferías" en las que se encontraba Odebrecht.

"Los funcionarios de Odebrecht estaban en Confiep, en Capeco, en actividades privadas del primer orden. Era la empresa más importante del Perú y, por tanto, no era posible presumir razonablemente que estos señores tenían situaciones irregulares", comentó.