Gustavo Adrianzén dice que hay "judicialización de la política" tras prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió esta noche a la reciente orden de prisión preventiva por 36 meses que se impuso contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’.

En conferencia de prensa, el primer ministro negó que Nicanor Boluarte sea parte del Poder Ejecutivo o tenga poder al interior de Palacio de Gobierno, pero sí expresó su inquietud por una supuesta “judicialización” de la política.

A título personal, el jefe del Gabinete Ministerial dijo que existe un “bajísimo estándar de libertad” en el sistema judicial del país, a la vez que cuestionó que el juez Richard Concepción Carhuancho haya tardado tres días en leer la resolución judicial en la que se dispuso la prisión preventiva contra el hermanísimo presidencial.

“Tenemos un bajísimo estándar porque la privación de libertad debe ser el extremo último en el que nosotros tengamos que tomar la decisión de privar a alguien de su libertad, y más cuando no [haya] una sentencia; es decir, culminado el juicio”, respondió a la prensa.

Adrianzén denuncia que se pretende vincular a Dina Boluarte con el caso

Adrianzén Olaya alegó así que hay una intención de vincular a la mandataria en el caso de su hermano, quien figura como no habido en medio de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

“Me llama la atención de sobremanera, y lo pueden verificar en lo anales de los procesos judiciales últimos, que esta decisión se haya prolongado por más de cuatro meses y que se haya tenido que leer una resolución por más de tres días”, apuntó.

“Mi preocupación es porque tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política y porque nosotros, y el que habla, [podemos] percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte en este caso”, agregó.

Indicó también que bajo ese argumento se pretende promover una vacancia por la causal de incapacidad moral contra la jefa de Estado, cuyo hermano es investigado por, supuestamente, captar a personas alineadas a sus intereses y Subprefecturas a nivel nacional, así como el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provias Descentralizado, a fin de beneficiar al partido político Ciudadanos por el Perú. 

“La presidenta no ha tenido que ver con estas cosas, por eso esa la advertencia y denuncia; cuando veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe”, precisó.

El premier cerró este tema alegando que la mandataria se mantiene “firme en el puesto”.