por Redacción RPP
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Al gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, se le acusa de ser el presunto financista de la organización criminal "Los malditos de Angamos".
El Ministerio Público presentó requerimiento acusatorio contra el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, y otros 28 acusados por la presunta comisión de delitos de organización criminal agravado, extorsión, sicariato, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y otros.
El pedido fiscal precisa una condena de 15 años de pena privativa de la libertad contra la autoridad regional, como presunto financista de la organización criminal "Los malditos de Angamos", así como solicitudes de cadena perpetua contra José Antonio Prado Ventura, acusado de ser cabecilla de esta red delictiva, y tres de sus lugartenientes.
El representante del Ministerio Público solicitó, además, condenas por 35 años de pena privativa de la libertad para otros siete procesados, acusados por el presunto el delito de sicariato.
Asimismo, se ha requerido una condena de 17 años de prisión contra Marco Antonio Gonzales Villón, quien –en 2018– se desempeñaba como comisario de la dependencia policial de Ventanilla y contra agente Pedro Deza Loyaga; mientras que para otros cuatro efectivos de la Policía Nacional –quienes presuntamente favorecieron al grupo criminal, brindándoles datos privilegiados sobre operativos y patrullajes en los sectores donde realizaban su accionar delictivo– se solicitó penas de 12 años de cárcel.
En esta etapa del proceso, el fiscal provincial Christian Santamaría Zavala ha solicitado también el pago de S/ 201 000 por concepto de reparación civil y el decomiso de todos los bienes incautados como vehículos, motos, celulares, dinero y efectos que provendrían de los hechos ilícitos.
La tesis del Ministerio Público
Según precisó el representante del Ministerio Público, este requerimiento fiscal cuenta con sólidos medios de prueba como reportes bancarios, declaraciones de testigos, agraviados, sentencias de colaboración de eficaz y pruebas anticipadas, así como escuchas telefónicas que corroborarían que los acusados formarían parte de esta organización criminal.
Según la investigación fiscal, esta organización criminal coaccionaba a los representantes de empresas constructoras para incorporar en sus planillas a trabajadores fantasmas a quienes se les asignaba el pago de cuotas sindicales, sin ejercer trabajo alguno. Esto a cambio de no poner en riesgo la integridad de otros trabajadores.
La hipótesis fiscal indica que los acusados habrían incrementado su accionar al insertar entre sus filas a políticos y efectivos policiales, quienes coadyuvaron para que no se les investigue, sancione o persiga.
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