Martín Vizcarra solicitó al Poder Judicial viajar a Moquegua por motivos laborales

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) solicitó autorización al Poder Judicial para viajar a la región Moquegua por razones laborales en los meses de setiembre y octubre.

El exmandatario pidió salir de Lima del 7 al 10 de setiembre y del 13 al 17 de octubre del presente año para viajar a la ciudad de Moquegua, a fin de realizar labores como ingeniero de proyectos en la empresa Agrotécnica Estuquiña.

El Ministerio Público formuló oposición a la solicitud de viaje que hizo el exjefe de Estado a través de su defensa legal.

La jueza Margarita Salcedo programó para este lunes 4 de setiembre, desde las 09:00 a.m., una audiencia virtual que contará con la participación de las partes involucradas.

Cabe precisar que Vizcarra Cornejo afronta un proceso penal por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador Regional de Moquegua bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta; entre ellas, la prohibición de ausentarse del lugar donde reside en Lima Metropolitana sin previa autorización judicial.

PJ evaluará mañana si incorporara a cuatro empresas como tercero civil responsable en este caso

La magistrada Salcedo Guevara también programó para mañana, desde las 02: 30 p.m., la audiencia virtual para evaluar el pedido que hizo la Procuraduría Ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato para que las empresas Obras e Ingeniería S.A (Obrainsa); Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA); Astaldi S.P.A – Sucursal Perú; e INCOT Contratistas Generales S.A.C., sean incorporadas como “terceros civilmente responsables” en este proceso penal.

Si la magistrada declara fundada dicha solicitud, estas empresas deberán hacerse responsables del pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en caso no puedan hacerlo con sus bienes el expresidente Martin Vizcarra y otros investigados de ser hallados culpables de los cargos que se les imputan en este caso.

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que imponga al exmandatario la pena de 15 años de prisión, al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.