Poder Judicial evaluará incorporación de cuatro empresas en proceso penal contra Martín Vizcarra

El Poder Judicial evaluará este lunes, 4 de setiembre, si incorpora a cuatro empresas como "terceros civilmente responsables" en el proceso penal seguido contra el exmandatario Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción durante su desempeñó como presidente regional de Moquegua.

Se trata de las empresas Obras e Ingeniería S.A (Obrainsa), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), Astaldi S.P.A - Sucursal - Perú e INCOT Contratistas Generales S.A.C.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 2.30 p. m., la jueza Margarita Salcedo analizará el pedido que hizo la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato para que estás cuatro empresas sean incorporadas como terceros civilmente responsable en el proceso penal.

La magistrada también escuchará ese día los argumentos del representante de Ministerio Público y a los abogados de estas empresas, quienes formularon oposición a la solicitud presentada por la defensa legal del Estado peruano.

Si la jueza Salcedo Guevara declara fundada dicha solicitud, estás empresas deberán hacerse responsables del pago de una eventual reparación civil a favor del estado en caso no puedan hacerlo con sus bienes el expresidente Martin Vizcarra y otros de ser hallados responsables por la justicia de los cargos que se les imputan.

Fiscalía pide 15 años de prisión

El exjefe de Estado Martín Vizcarra afronta un proceso penal en nuestra capital bajo mandato de comparecencia con restricciones a raíz de las declaraciones que brindaron colaboradores eficaces respecto a presuntos sobornos que habría recibido cuando fue presidente regional de Moquegua por parte de empresas vinculadas al caso Club de la Construcción a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del hospital de dicha región del sur del país.

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que imponga al exmandatario la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.