Martín Vizcarra deberá enfrentar la acción de la justicia por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como funcionario público. ¿Qué cargos le atribuye la Fiscalía en su gestión como gobernador regional de Moquegua? Conoce un poco más en el siguiente informe.
“Porque en este proceso, en estos cuatro años han interrogado a 400 funcionarios públicos para ver si alguno dice que yo he actuado mal o he hecho algún ofrecimiento indebido y no encontró uno solo ni un funcionario público”, dijo el expresidente de la República, Martín Vizcarra, durante el juicio oral en su contra que inició este lunes.
Vizcarra Cornejo está sentado ahora en el banquillo de los acusados para responder los cargos que presentó la Fiscalía en su contra por presuntos actos de corrupción, cuando fue gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.
El caso empezó en marzo de 2021, tras las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces ante la Fiscalía sobre presuntos sobornos que habría recibido Martín Vizcarra. Según estas declaraciones, Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles de empresas vinculadas al denominado 'Club de la construcción' a cambio de la adjudicación del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.
En el primer hecho, se alega que Vizcarra Cornejo habría recibido un millón de soles de la empresa Obrainsa en 2014 a cambio de facilitar la adjudicación de la obra Lomas de Ilo. Según la hipótesis de la Fiscalía, el pago se habría efectuado en dos entregas en sobres de manila, por montos de 400 000 y 600 000 soles, respectivamente.
El segundo hecho se refiere a presuntos sobornos por 1,3 millones de soles provenientes de la empresa ICCGSA, realizados entre 2014 y 2016 a través de pagos en los que habría actuado como intermediario José Hernández, exministro de Agricultura y amigo cercano del exmandatario. Según la Fiscalía, las entregas se habrían efectuado en varias ocasiones, incluso cuando Martín Vizcarra ya ocupaba los cargos de vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones.
La Fiscalía "está seguro de lo que ha acusado"
Por estos hechos, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que imponga al exmandatario una pena de 15 años de prisión, así como su inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos, al acusarlo del presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado o soborno.
“Nosotros como fiscales, cuando formulamos una acusación, sabemos que esa acusación reúne todos los elementos y medios de prueba que van a acreditar que la teoría del caso del Ministerio Público, en este caso la responsabilidad penal que se acredita normalmente en un juicio. Mi despacho está seguro de lo que ha acusado, está seguro de los medios de prueba que existen que van a acreditar la responsabilidad penal”, dijo el fiscal Germán Juárez Atoche.
La defensa legal de Martín Vizcarra niega estos cargos y sostiene que cuenta con testimonios y pruebas documentales para contrarrestar la acusación fiscal y la declaración de sus colaboradores eficaces.
Respecto a este caso, el abogado Enrique Ghersi señaló que en la etapa de juicio oral se podrá conocer lo sostenido por los colaboradores eficaces de la Fiscalía para saber qué fue lo que realmente sucedió.
“La imputación en este caso es que él recibió un soborno y el problema es que fue delatado en el soborno por un exministro y esto debe haber tenido la confirmación por que tú sabes que los expedientes de colaboración eficaz no lo conocemos, pero Obrainsa, que es la sindicada como la que habría participado en este acto ilegal con toda seguridad debe saber, tiene que haber confirmado, corroborado la versión del exministro; de otra manera no habría acusación. Ahora lo conoceremos, porque en el transcurso de los debates ya se hace público los procedimientos de colaboración eficaz y sabremos finalmente que pasa”, señaló el abogado Enrique Ghersi.
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional tendrá a cargo la evaluación de las pruebas y testimonios ofrecidos por las partes involucradas en el juicio oral contra el exmandatario Martín Vizcarra para definir su situación legal por estos casos.
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