por Julio Cisneros
. Actualizado elLa defensa legal de nuestro país precisó la pretensión patrimonial que persigue, el perjuicio que se le imputa a la suspendida legisladora y las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil a favor del Estado.
La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial que ordene su incorporación como actor civil o parte agraviada en el proceso penal que se le sigue a la suspendida legisladora María Cordero por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho en 2022.
Mediante un escrito, la defensa legal de nuestro país precisó la pretensión patrimonial que persigue, el perjuicio que se le imputa a la suspendida legisladora y las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil a favor del Estado dentro de este caso.
Al respecto, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el lunes 23 de setiembre a las 10 de la mañana una audiencia virtual para evaluar el pedido de la defensa legal de Estado peruano con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.
Si el magistrado acepta dicha solicitud, la Procuraduría General del Estado podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de nuestro país, que se le pueda imponer a María Cordero de ser hallada culpable de los cargos que le imputa la Fiscalía en este caso.
La suspendida legisladora María Cordero afronta una investigación preparatoria en el Ministerio Público bajo mandato de comparecencia con restricciones por el presunto delito de concusión en agravio del Estado por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 por ciento de sus haberes entre marzo y agosto de 2022.
Investigación a legisladora
El fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, formalizó esta investigación preparatoria luego de que el último 14 de marzo el Pleno del Congreso de la República aprobara suspender a María Cordero Jon Tay en su cargo de congresista y levantar su inmunidad parlamentaria, a fin de que pueda afrontar este proceso penal.
No obstante, el Parlamento no aprobó la propuesta para que María Cordero Jon Tay sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargo público.
El actual titular del Ministerio Público dispuso que está investigación preparatoria, que se inició el último 22 de marzo, se lleve a cabo en un plazo de 120 días naturales para que se realicen una serie de diligencias, a fin de establecer las responsabilidades del caso.
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Julio Cisneros Periodista
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