El Poder Judicial ordenó que Caruajulca regrese al cargo de procuradora tras su salida en el 2022. Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin ejecutar la medida y ha mantenido a Javier Pacheco en el puesto.
La abogada María Caruajulca, a quien el Poder Judicial ordenó el pasado 13 de mayo reponer en el cargo de procuradora general del Estado, envió el lunes una carta notarial al actual ocupante de ese puesto, Javier Pacheco, para que deje esa función de inmediato. En caso de no hacerlo tomará acciones legales que correspondan.
Al Ministerio de Justicia le correspondía ejecutar la medida en un plazo de tres días. Sin embargo, ese tiempo ya venció y esta medida judicial no se acata.
María Caruajulca señala en su carta que el mismo Javier Pacheco ingresó escritos al expediente judicial de su reposición el 17 y 20 de mayo. Ello para “solicitar que se autorice la constitución o intervención litisconsorcial necesaria del procurador general del Estado”.
“Le solicito que a partir de las 00:00 horas del día 21 de mayo 2024 se abstenga de realizar cualquier acción única, exclusiva y excluyente competente al Procurador General del Estado y de la Presidencia del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado”, se lee en la misiva enviada por la abogada.
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte había designado formalmente, el pasado 4 de mayo, a Javier Pacheco como procurador general del Estado.
Dicha designación fue dada a conocer a través de una Resolución Suprema que apareció en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, que fue suscrita por la mandataria y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
En esta resolución, se precisa que el nombramiento de Pacheco Palacios obedece a una propuesta hecha por el titular de la cartera de Justicia a la presidenta para esta designación.
Vuelve a su cargo
La Primera Sala Constitucional de Lima fue quien ordenó la reposición provisional, de forma inmediata, de la abogada María Aurora Caruajulca Quispe en el cargo de procuradora general del Estado. Ello al declarar fundada una solicitud de medida cautelar que presentó.
Según la abogada, ella fue removida ilegalmente en octubre del 2022, por lo que tal hecho le ha generado un grave daño pues ha dejado de percibir su remuneración, aunado a la afectación de su proyecto de vida personal y profesional.
La sala superior resolvió declarar fundada esta solicitud de medida cautelar al determinar que la Procuraduría habría actuado de manera arbitraria e ilegal al emitir la resolución suprema N.º 188-2022-JUS, que dispuso dar por concluida la designación de Caruajulca como procuradora general del Estado, alegando una “causal de pérdida de confianza”.
Para el Poder Judicial, ese motivo no se encontraría entre las reguladas por ley para dar por concluida la designación de la demandante como procuradora general del Estado y miembro del Consejo Directivo de esta institución.
Pobreza monetaria y retroceso en la lucha contra la corrupción
Resulta una coincidencia penosa que el día en que se publican los malos resultados sobre la evolución de la pobreza, el ministerio del Interior decida desactivar el dispositivo que más ha hecho para luchar contra la corrupción en el poder.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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