por Redacción RPP
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La primera dama Lilia Paredes es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.
La suerte de Lilia Paredes, esposa del presidente de la República, Pedro Castillo, quedó en poder del juez Raúl Justiniano Romero, quien este jueves 29 de septiembre evaluará si le impone o no mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses.
En una audiencia de carácter presencial a realizarse desde las 9:30 a.m., el magistrado analizará la solicitud que hizo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para que se dicte estas medidas a la esposa del jefe del Estado como parte de la investigación preparatoria que se le inició por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.
El juez también evaluará ese día la solicitud que hizo dicho equipo fiscal para que se imponga mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses para Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la esposa del mandatario y para el empresario Hugo Espino Lucana, quien se acogió a la figura jurídica de la confesión sincera dentro de este caso.
El magistrado reprogramó está audiencia, que suspendió el último 5 de septiembre, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente la recusación que presentó la defensa legal del alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, con la que buscaba apartar a Justiniano Romero de esta investigación preparatoria.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a estas personas junto a Yenifer Paredes, cuñada del jefe de Estado, el alcalde de Anguia José Nenil Medina Guerrero y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenía como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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