Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
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Cerca de seis meses después de haber sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia, Patricia Benavides fue destituida por faltas graves en el ejercicio de su cargo.
Los cinco miembros de la Junta coincidieron en las afirmaciones contenidas en el informe presentado por María Zavala centrado en la interferencia de la señora Patricia Benavides en la investigación fiscal que se llevaba a cabo a su hermana, la jueza Emma Benavides.
La interferencia de Patricia Benavides es tanto más grave que en el proceso de su selección se había comprometido explícitamente a no interferir. Sobre todo porque la investigación a la hermana tiene que ver con las condiciones de la liberación de un presunto narcotraficante.
La destitución se produce al término de cinco meses accidentados para la Junta, durante los cuales dos de sus miembros fueron inhabilitados en dos oportunidades. La primera vez por voto del Congreso y la segunda por una sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió la medida cautelar que había sido concedida por el Poder Judicial.
La decisión unánime de la Junta no significa que el caso de Patricia Benavides haya llegado a su fin. Abogados de su defensa anuncian desde ya un recurso de reconsideración y eventualmente después un procedimiento ante la Justicia constitucional. Mencionan también una serie de argumentos procedimentales para cuestionar el papel jugado por la inhabilitada Inés Tello, así como supuestas demoras en responder a demandas de la defensa.
Pero en realidad todo el panorama de nuestro sistema judicial atraviesa una época de fricciones y cuestionamientos.
El gobierno anuncia una demanda competencial contra la Fiscalía y la Justicia ha restablecido a una Procuradora General que el gobierno parece decidido a no acatar. Sin mencionar las diferentes iniciativas del Congreso, que incluyen la disolución de la Junta Nacional de Justicia. Las instituciones jurisdiccionales deberían contar con una autoridad inapelable. Pero lo que vemos actualmente es que carecen de ella más que nunca.
Las cosas como son
Fernando Carvallo Columnista
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