Julio Rodríguez sobre acuerdo de Fiscalía con Odebrecht: "Ha estado bajo un secreto absolutamente ilegal"

El último 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de habeas data y dispuso que el Ministerio Público entregue al demandante una copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz, suscrito en febrero del 2019, y del Acuerdo Complementario, celebrado en mayo de ese año, entre el Equipo Especial Lava Jato y la empresa brasilera Odebrecht.

El máximo intérprete de la Constitución consideró que dichos documentos constituyen información pública, por lo que están sujetos a las normas de transparencia, y que los fines del acuerdo de colaboración eficaz ya han producido sus efectos, es decir, generado sentencias, por lo que no existe la necesidad de mantenerlo en reserva, toda vez que ya se habría revelado públicamente la identidad de los colaboradores.

Al respecto, el abogado penalista Julio Rodríguez, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la decisión de la Fiscalía de mantener en "secreto" el referido acuerdo suscrito con Odebrecht, hasta el fallo del TC, y que incluso esa actitud -según dijo- se haya extendido para las partes acusadas en el proceso. 

"No hay nada de lo que, por lo menos se verifica el día de hoy, que merezca estar en secreto. Ojo, diferenciemos secreto de reserva. Esto ha estado en secreto y el Código Procesal Penal establece muy, pero muy, puntuales excepciones para el secreto, que es distinto a la reserva, los procedimientos en trámites son reservados. Usted, por ejemplo, como periodista, no puede ir y recibir información de la autoridad de un proceso en giro, está reservado; pero todas las partes tienen que conocerlo, porque no es secreto", indicó.

"Esto ha estado bajo un secreto absolutamente ilegal, razón por la cual el TC lo ha abierto", acotó. 

"Se ha manejado con secreto, y esto es evidentemente ilícito"

Rodríguez Delgado cuestionó dos aspectos principales en el hecho de que se haya mantenido "en secreto" el acuerdo. Según dijo, solo se incluyeron 4 obras de Odebrecht como objeto de las investigaciones y únicamente para esos casos se dispuso reparaciones civiles a favor del Estado, con lo que se habría dejado fuera de esa posibilidad a otros casos y otros actores involucrados.

Esas 4 obras, según dijo, son "Interoceánica del Sur, tramos 2 y 3 […] estamos hablando ahí de Toledo; Línea 1 del Metro de Lima, tramos 1 y 2, estamos hablando de [Alan] García y una parte de la responsabilidad que le tocó a Humala; Costa Verde que es del Gobierno Regional [durante] Félix Moreno; y la Vía de Evitamiento del Cusco, a Jorge Acurio".

"Lo primero que se descubre es algo que sorprende muchísimo, porque el acuerdo, lo que acaba involucrando, son cuatro grandes proyectos y nada más […] Los otros 13 proyectos que se mencionan en el acuerdo no son objeto ni de procedimiento ni de ninguna reparación, eso es lo que sorprende", sostuvo.

"Los otros 13 proyectos que comienzan a aparecer, entre comillas, después de que negocian [el acuerdo] significan más daño al Estado; sin embargo, ese daño generado al Estado no está cubierto por este acuerdo, pero dice el acuerdo que esos daños adicionales están abarcados por lo ya pactado", agregó.

En ese sentido, Julio Rodríguez indicó que solo se pactó S/610 millones en reparación civil, pero que "todos los casos que son conocidos, supuestamente, que no abarcan los cuatro proyectos ya no van a ser valorados en términos económicos para aumentar la cifra".

"Estamos hablando de casos importantes: gaseoducto, el mismo caso de PPK, el de Susana Villarán, el Club de la Construcción; es decir, hay una serie de casos que se aceptan en el acuerdo, pero sin embargo no son contabilizados en términos de reparación para el Estado", sostuvo.

"Hay una serie de detalles en el acuerdo que, simplemente, mencionan a personas y sus roles en la realización de toda esta trama. Sin embargo, cuando uno revisa el acuerdo, no existe, respecto de estas personas, ningún tipo de sanción y, evidentemente, tampoco proceso alguno, y eso sí sorprende porque estamos hablando de actos criminales que necesariamente tendrían que haber sido objeto de una decisión de fondo o, en su defecto, de un acuerdo detallado respecto a ellos, cuál fue su aporte y cuál es la reparación que ofrecen respecto al acto criminal. Acá simplemente se dice ‘estos actos también están incluidos en el acuerdo, no hay reparación, no hay consecuencias jurídicas penales', esto es gravísimo", agregó. 

Asimismo, el penalista indicó que la responsabilidad de la negociación del acuerdo sería de la Fiscalía, ya que "quien tiene el detalle de todo lo que sucede, quien negocia -entre comillas- supuestamente, largas horas, estableciendo y afinando el contenido del acuerdo es: delator con Fiscalía". "El juez homologa [...], antes no ha conocido nada".

En esa línea, Rodríguez señaló el caso de Francesc Xavier Pérez Giménez, conocido como 'Sisco', quien era gerente general de la sucursal de la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay. Como se sabe, en 2017, 'Sisco' relató al juzgado de Andorra que Miguel Atala -presidente de Petroperú durante el segundo gobierno de Alan García- abrió una cuenta en la BPA por recomendación de Odebrecht. En abril del 2019, Atala confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro de García Pérez para recibir US$ 1.3 millones de dicha empresa brasilera. 

"Hay casos que la gente no conoce, pero que son casos trascendentales. Hay una persona que mencionan en el acuerdo, al que conocen como alias ‘Sisco’. Este era el funcionario encargado, en la banca privada de Andorra de abrir todas las cuentas por orden de Odebrecht. Después esta persona se mudó de Andorra y pasó a Uruguay, y de Uruguay, bajo otra banca privada, comenzó a volver a convocar a todas las personas que habían recibido dinero de Odebrecht para abrirles cuentas. Ese caso tendría que haber sido profundizado [en el acuerdo de colaboración], porque esa persona tiene el detalle de todo el dinero que se movió de todas las inversoras involucradas".

Cabe destacar que Julio Rodríguez fue abogado de Miguel Atala, en el caso que involucra un presunto pago de US$900 mil que le habría hecho la empresa Odebrecht a través de la Banca Privada de Andorra. 

Rodríguez también criticó que en el acuerdo aparezca la figura de la "colaboración progresiva" lo cual, según señaló, no aparece en el Código Procesal Penal.

"[La colaboración progresiva] es abiertamente ilegal, no solo porque el término como tal no existe en la norma procesal penal, sino porque, adicionalmente, la forma en la que se concibe es absolutamente nefasta. Es decir, ‘si te enteras de algo adicionalmente, yo te contaré; pero de eso que te enteras adicionalmente, no te voy a reparar más’. Es decir que ya esa reparación que te he colocado en este acuerdo cubre todo lo que se conoce y lo que está por conocerse. Eso es abiertamente ilegal, porque los daños pueden ser incluso mayores", explicó. 

"Asumamos que la información no era manejada, a pesar de que Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, donde tenía todo ordenado, asumamos que no sabían todo, hipotéticamente. ¿Qué, a los que incorporó después les perdona la reparación? Eso es gravísimo", señaló.

El otro aspecto que cuestionó el abogado fue que el acuerdo haya sido "secreto" también para las partes acusadas en los procesos del caso Odebrecht.

"[Fue secreto] para todos, las partes que están siendo involucradas por el acuerdo no han tenido conocimiento de él. A las personas que han sido procesadas en virtud a este acuerdo, no les han permitido acceder al contenido, con lo cual se constituye claramente una restricción al derecho de defensa. Yo tengo que conocer todo respecto a lo cual se me imputa y defenderme de ello", sostuvo.

"¿Esa información se mantiene en reserva?, sí; ¿el que vulnera la reserva tiene consecuencias?, también; pero no es secreto, porque no me puedo defender de lo que no conozco", acotó.

Luis Lamas Puccio sobre acuerdo: "Fue una negociación de acuerdo con las necesidades y circunstancias del momento"

Por su parte, el abogado Luis Lamas Puccio, en una entrevista para RPP realizada el último jueves, señaló que el acuerdo de colaboración eficaz "fue una negociación de acuerdo con las necesidades y circunstancias del momento".

"Partiendo de la premisa y de la buena fe de la información que contiene ese proceso, fue una negociación de acuerdo con las necesidades y circunstancias del momento. La Fiscalía debe corroborar que la información que proporcionen sea lo suficientemente útil para poder develar un fenómeno criminal de contenido internacional”, señaló.

Además, Lamas Pucció consideró que la razón por la que la Fiscalía se oponía a hacer pública la colaboración con Odebrecht era porque “se entendía que a través de un proceso de colaboración eficaz lo que iba a primar era la racionalidad y ecuanimidad de la información sobre la base de la defensa de los intereses del país”.

Asimismo, cuestionó los fundamentos que llevaron al Tribunal Constitucional a tomar la decisión respecto al acuerdo.

“El contenido no es una labor que le compete al Tribunal Constitucional porque solo ve lo que se interpreta de la Constitución. No podría involucrarse a analizar, por ejemplo, si conviene —o no— conviene que la información se haga pública. Eso es un tema que está ceñido a la labor del Ministerio Público”, acotó.