por Julio Cisneros
. Actualizado elLa Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó las resoluciones emitidas por Checkley Soria, el 27 de mayo y 4 de marzo último, en las que rechazó las recusaciones que presentaron los abogados de Castillo y Chávez para que dicho magistrado se aparte de este proceso penal por una supuesta falta de imparcialidad.
El juez supremo Juan Carlos Checkley seguirá interviniendo en el proceso penal seguido al expresidente Pedro Castillo y la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó las resoluciones emitidas por Checkley Soria, el 27 de mayo y 4 de marzo último, en las que rechazó las recusaciones que presentaron los abogados de Castillo y Chávez para que dicho magistrado se aparte de este proceso penal por una supuesta falta de imparcialidad.
Los letrados cuestionaron la actuación del magistrado Juan Carlos Checkley por haber sido incorporado en la investigación preliminar seguida por presunta organización criminal a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, aseguraron, coordinó acciones para perjudicar a sus patrocinados.
En ambas recusaciones se precisa que, así como Checley Soria se inhibió de intervenir en las investigaciones seguidas a Patricia Benavides, también debió hacerlo en el proceso penal que afronta sus patrocinados por el fallido golpe de Estado.
Sobre la incorporación de magistrado Checkley Soria en la investigación preliminar seguida a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta organización criminal, el tribunal supremo precisó que en este caso solo se tiene una declaración del exasesor Jaime Villanueva, cuya versión es meramente referencial –no es siquiera un testigo directo–, lo que le resta, hasta el momento, sustento material.
“No consta el testimonio de los fiscales y abogados mencionados por el indicado Villanueva Barreto, así como tampoco algún dato objetivo, adicional a su versión, que le otorgue consistencia y se erija en indicios razonables de criminalidad”, precisó la sala presidida por el juez supremo César San Martín en la resolución que emitió respecto a la recusación del exmandatario.
El colegiado supremo remarcó que la defensa legal del exmandatario y de Betssy Chávez no han presentado datos concretos con cierta consistencia que permitan inferir un interés del magistrado recusado en este proceso penal o la realización de actos funcionales en el caso que no se ajustan a la legalidad y que revelen una inobservancia de la garantía especifica de imparcialidad jurisdiccional. “En tal virtud, el rechazo liminar de la recusación está arreglada a derecho. Debe aprobarse”, concluyó.
Solicitud fiscal
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y de la sociedad.
Además, pidió 25 años de cárcel para la exjefa del Gabinete Ministerial, Betsy Chávez, y los exministros Willy Huerta Oliva y Roberto Sánchez, así como también los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder infanzón Gómez al acusarlos como coautores del presunto delito de rebelión en agravio del Estado.
La instancia fiscal además solicitó 15 años de prisión contra el exasesor y exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vásquez, como presunto coautor del delito de rebelión.
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Julio Cisneros Periodista
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