Poder Judicial evaluará pedido para anular órdenes de captura contra Juan Silva el próximo 13 de octubre

El Poder Judicial evaluará, el próximo 13 de octubre, la anulación de las órdenes de captura contra el exministro de Transportes Juan Silva, investigado por el caso "Provias Descentralizado - Puente Tarata".

La audiencia -programada de forma virtual para las 9am de aquel día - estará a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que evaluará la medida en contra del exministro del Gabinete de Pedro Castillo impuesta para que cumpla los 36 meses de prisión preventiva que se le dictó el 9 de marzo del 2022, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Recurso de apelación

En la audiencia, el tribunal supremo analizará el recurso de apelación que presentó Silva Villegas, a través de su defensa legal, para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el último 22 de marzo, en la que declaró infundada la tutela de derechos que interpuso para cuestionar su procesamiento en los fueros parlamentario, fiscal y judicial por este caso.

En dicha tutela de derechos, el extitular del MTC argumenta que, en su caso, existió una vulneración al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva al no habérsele permitido ofrecer medios probatorios y ejercer su derecho a la defensa.

Por tanto, solicita que se anule todo lo actuado desde la etapa de investigación preliminar a fin de que pueda ofrecer los medios probatorios que acrediten su inocencia.

Cabe resaltar que el magistrado Checkley Soria comunicó que INTERPOL tiene vigente, hasta el 10 de junio del 2027, una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura a nivel internacional contra el exministro Juan Francisco Silva, quien continúa en calidad de "no habido" desde el 7 de junio del 2022 cuando se ordenó su detención preliminar e impedimento de salida del país.

Abogado afirmó que Silva denunció irregularidades

En una entrevista en RPP Noticias, el último 7 de junio, Jorge Castro, abogado de Juan Silva, manifestó que no conocía dónde se encuentra su cliente. Sin embargo, aseveró que el proyecto Puente Tarata nunca se hizo, pues su defendido denunció las irregularidades en Provías. 

El abogado precisó que asumió la defensa de su patrocinado por pedido de la familia y que no lo conoce personalmente. Sin embargo, reiteró que no hubo ninguna coima para su cliente. 

"El señor Juan Silva denunció que había al interior una serie de hechos ilícitos y puso eso en conocimiento de la entonces fiscal Zoraida Ávalos y al contralor. No es víctima, pero no se puede asumir una prisión preventiva de 36 meses a quien ha sido el denunciante de los actos ilegales de la licitación públicas de Provías Nacional. Él no cambió ningún funcionario", dijo en el programa 'Todo Se Sabe'.

Castro también dijo no conocer si Juan Silva se encuentra en Venezuela, protegido por el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, afirmó que su labor será la de variar el mandato judicial a fin de que su cliente pueda defenderse en libertad.  

"Yo estoy recopilando todas las pruebas para demostrar que el señor Juan Silva no ha recibido dinero. Que el Puente Tarata no existe, que el dinero está completo, que ya se pronunció Contraloría con una pericia donde no hay ningún agravio para la corrupción que implica agravio al Estado. Por ello podría pedir una variación al mandato para que en comparecencia venga y hable", manifestó.

Por otro lado, cuestionó al Congreso no permitirle ejercer la defensa de su cliente porque argumentaron que Juan Silva no lo acreditó formalmente como su abogado.  

Reapareció en Tik Tok

La última semana del mes de abril, el exministro Juan Silva apareció en un video de la red social Tik Tok tras casi un año desde que pasó a la clandestinidad.

En dicho registro audiovisual, Silva Villegas aseguró no estar involucrado en ningún acto de corrupción durante la gestión gubernamental de Pedro Castillo y que no tenía ninguna responsabilidad en el caso Provías Puente Tarata. 

Asimismo, aseguró que su gestión ministerial inició las acciones para anular el contrato al identificar presuntas irregularidades, por lo que, según su versión, denunció los hechos ante la Fiscalía y la Contraloría. Al término del video, indicó que su única responsabilidad es política.