Ministerio Público pidió incrementar a 24 meses el impedimento de salida del país para hijo de Juan Silva

El exministro permanece no habido, pese a que cuenta en su contra existe una orden de detención preliminar y una orden de impedimento de salida del país por 36 meses. | Fuente: Andina

La Fiscalía expresó su disconformidad a la decisión de la jueza Soledad Barrueto, quien ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra el hijo del exminsitro Juan Silva el pasado 3 de febrero.

El Ministerio Público solicitó que se incremente a 24 meses la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra Jhean Carlos Silva Sánchez, hijo del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos a raíz del caso Provias Descentralizado-Puente Tarata.

El fiscal Raúl Martínez mostró su disconformidad a la decisión de la jueza Soledad Barrueto, quien en una audiencia virtual realizada el último 03 de febrero ordenó que el hijo del exministro Silva Villegas no salga del territorio nacional, pero por un plazo de 18 meses.

En tanto, la defensa legal de Jhean Carlos Silva Sánchez expresó su conformidad con la decisión emitida por dicha magistrada con el fin de cautelar el proceso y garantizar que se realicen los actos relacionados a la investigación.

Si la jueza Soledad Barrueto resuelve conceder y admitir a trámite la apelación del fiscal Martínez, el recurso será enviado a una Sala de la Corte Superior Nacional para que lo evalúe en una audiencia a programar con la participación de las partes involucradas, a fin de que se emita una decisión al respecto.

Investigación

De acuerdo con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Silva Sánchez sería el presunto testaferro de las actividades ilícitas de su padre, el exministro Juan Silva, quien permanece en calidad de “no habido”.

Esto pese a que cuenta en su contra existe una orden de detención preliminar y una orden de impedimento de salida del país por 36 meses, a raíz del caso Provias Descentralizado-Puente Tarata, en el que también está comprendido el expresidente Pedro Castillo.

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