PJ resolvió que exministro Juan Carrasco siga en investigación preparatoria por presuntas irregularidades en su designación

El exministro del Interior, Juan Carrasco, seguirá afrontando la investigación preparatoria que le inició la Fiscalía por el presunto delito de aceptación ilegal de cargo público a raíz de su designación como titular de esta cartera durante el gobierno de Pedro Castillo.

Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación que presentó Carrasco Millones para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley en noviembre del 2023 en la que rechazó el recurso de excepción de improcedencia de acción que interpuso su defensa legal para que se archivará dicho delito que le atribuye la Fiscalía en este caso.

El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín resolvió confirmar la decisión emitida por el magistrado Checkley Soria respecto a este delito al determinar que el hecho relatado por la Fiscalía respecto a que Carrasco Millones aceptó ser ministro de estado en la cartera del Interior cuando mantenía vínculo laboral con el Ministerio Público al tener la condición de fiscal provincial y en consecuencia impedido de jurar como ministro de estado, si constituye delito, por ser una imputación objetiva.

Sobre el argumento  de la defensa legal de Juan Carrasco respecto a que su patrocinado ya fue sancionado administrativamente por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público con una suspensión de seis meses , el juez supremo Checkley precisó “que se trata de un procedimiento disciplinario, esto es, un procedimiento administrativo sancionador, cuyo objeto es diferente al proceso penal, ya que sanciona una conducta funcional, mientras que el proceso penal conlleva una sanción punitiva que puede incluso derivar en la privación de la libertad”.

La sala suprema también determinó que el exministro del Interior, Juan Carrasco, continúe afrontando una investigación preparatoria por el presunto delito de falsedad genérica que también le atribuye la Fiscalía por supuestamente  haber alterado la verdad, al consignar información que no se ajustaba a la realidad en dos solicitudes administrativas presentadas ante el Ministerio Público para solicitar una licencia sin goce de haber por motivos personales cuando el objeto era ser nombrado ministro del sector interior.

El colegiado supremo adoptó esta medida al declarar fundadas las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado para que se revocara el extremo de la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley en la que resolvió que se archivará dicho delito en este proceso penal.

Decisión previa

El juez supremo Checkley Soria había determinado que se archive el delito de falsedad genérica al establecer que la Fiscalía hace referencia únicamente a los términos “motivos personales”; en cuanto a la firma de la carta de renuncia con fecha 28/07/2021 y su posterior legalización notarial el 02/08/2021 hecho, que su juicio, no tiene ninguna relevancia para determinar hecho penal alguno, pues quedó plenamente evidenciado que la carta fue presentada e ingresada al Ministerio Público el 02/08/2021.

La formalización de esta investigación preparatoria se produjo luego que el 15 de junio del 2023 el pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final sobre la denuncia constitucional presentada contra Juan Carrasco por presuntamente haber alterado la verdad al haber aceptado su designación en el cargo de ministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, pese a ser fiscal superior titular provincial en Chiclayo, región Lambayeque.

No obstante, la representación nacional rechazó inhabilitar a Carrasco Millones por cinco años de ejercicio de cargo público alguno por presunta infracción constitucional.

La Fiscalía de la Nación presentó el último 21 de agosto una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo y el exjefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, por el presunto delito de nombramiento ilegal en agravio del estado a raíz de la designación de Juan Carrasco como ministro del Interior.