Los abogados de José Luna Gálvez y José Luna Morales sostienen que resolución que ordenó incorporar a la Procuraduría como "actor civil" afecta el principio de motivación y el derecho al debido proceso.
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El congresista José Luna Gálvez y su hijo, el regidor municipal José Luna Morales, solicitaron al Poder Judicial que anule la resolución que ordena incorporar a la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de la investigación preparatoria que se les sigue por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su partido político Podemos Perú ante la ONPE.
A través de su defensa legal, Luna Gálvez y su hijo apelaron la resolución que emitió el juez Jorge Chávez Tamariz el último 13 de setiembre en la que declaró fundado el pedido que hizo la defensa legal del estado para constituirse como actor civil dentro de este proceso penal.
Los abogados de José Luna Gálvez y José Luna Morales sostienen que la decisión que emitió dicho magistrado afecta el principio de motivación y el derecho al debido proceso al emitir una resolución sin realizar una debida valoración de los fundamentos expuesto en audiencia, por lo que demandan que se declare nula la resolución impugnada.
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Decisión judicial
Ante ello, el juez Chávez Tamariz resolvió el último 13 de octubre "conceder estos recursos de apelación y remitirlos a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si los admite a trámite, deberá programar una audiencia virtual para evaluarlos con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.
La Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción incluyo dentro de la solicitud que hizo para constituirse como actor civil su propuesta inicial para que el congresista José Luna Gálvez, su hijo, el regidor municipal, José Luna Morales, y otras 12 personas paguen en "forma solidaria" la suma de 10 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del estado peruano por el presunto delito de organización criminal que les atribuye la Fiscalía en este caso.
Piden 100 mil soles por daño extrapatrimonial
La defensa legal de nuestro país también pidió que José Luna Gálvez pague la suma de 100 mil soles por daño extrapatrimonial al Estado peruano por el presunto delito de cohecho activo específico que también le atribuye la Fiscalía en este proceso penal.
Dicha institución también demandó que los exfuncionarios de la ONPE Ricardo Enrique Pajuelo Bustamante y Adolfo Carlo Magno Castillo Meza paguen además las sumas de 100 mil soles y 10 mil soles por daño extrapatrimonial por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y uso de documento falso que se le atribuye a cada uno de ellos, respectivamente.
La decisión del magistrado Chávez Tamariz habilita a la Procuraduría Anticorrupción a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del estado peruano que se le pueda imponer a todos estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que se les atribuyen en este caso.
La defensa legal del Estado dejo constancia ante el Poder Judicial que se reserva su derecho de poder incrementar el monto postulado tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial en función de mayores elementos de convicción que acrediten mayores daños.
Otras investigaciones
José Luna Gálvez también afronta otra investigación preparatoria junto por los presuntos aportes ilegales de dinero de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S. para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
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