En entrevista con RPP, el ex fiscal de la Nación explicó que la ley autoriza a la actual fiscal de la Nación que realice investigaciones preliminares contra el presidente de la República.
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El ex fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales recordó que una ley dictada en el 2001 autoriza al fiscal de la Nación realizar investigaciones preliminares contra un presidente. En esa línea, mencionó que cuando estuvo al frente del Ministerio Público desestimó iniciar dos investigaciones preliminares contra los presidentes Alan García y Ollanta Humala.
"El artículo 117 de la Constitución determina que solo puede acusarse al presidente por cuatro cargos, aunque el artículo 99, y esto lo dejo para la interpretación de los juristas, dice que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente por infracción a la Constitución por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones", explicó.
En entrevista con RPP, Peláez recordó también que la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal "le da amplias atribuciones" a los fiscales para investigar "temas que son muy sensibles para la opinión pública y para la opinión internacional". En ese sentido, el exmagistrado destacó la decisión de la Fiscalía de la Nación de investigar al presidente.
Con cinco investigaciones preliminares abiertas en contra del presidente Pedro Castillo, Peláez consideró que "la incapacidad moral está debidamente acreditada en este caso". En su opinión, con estas investigaciones iniciadas por la fiscal de la Nación, "el Congreso va a tener suficientes elementos para poder decir qué cosa es la incapacidad moral".
"Lamentablemente, si bien existen facultades para investigar preliminarmente (a un presidente de la República), el artículo 117 de la Constitución dice que no se puede acusar, entonces ahí tenemos un escollo para la investigación que viene haciendo la fiscal de la Nación, va a llegar un momento (límite)", indicó.
Para Peláez Bardales consideró que las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo por presunto encubrimiento personal y por organización criminal son las más graves. Incluso, recordó que este último caso podría tener una pena mayor a los 25 años de cárcel.
"Una persona que está representando al Estado no puede estar cometiendo delitos, entonces eso ya es una incapacidad permanente que cualquier congresista, del oficialismo o de la oposición, tiene que considerar que ya está incurriendo (el presidente) en una violación de la Constitución y por ende tiene que declararse la incapacidad moral", agregó en otro momento.
Equipo policial en apoyo de la Fiscalía
En otro momento, el exfiscal de la Nación recordó que, como parte de la "estrecha relación" que existe entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, los fiscales pueden solicitar el apoyo de una unidad de investigación para diferentes casos, como se hizo semanas atrás para la búsqueda de personajes prófugos.
Peláez Bardales señaló que el Código Procesal Penal vigente determina que la Policía "es un órgano auxiliar del Ministerio Público", por lo cual se justifica que apoye al equipo especial de fiscales contra la corrupción, en respaldo de la fiscal superior Marita Barreto.
El exmagistrado cuestionó que, según un reportaje del diario El Comercio, en la práctica, el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, estaría dificultando el trabajo de dicho equipo de la PNP con la demora de un trámite administrativo necesario para el inicio de sus funciones.
"Lamentablemente la Policía también tiene su independencia y en este caso el Comandante General de la Policía debería imponerse y determinar que estos policías que han sido solicitados por la Fiscalía sean asignados porque de lo contrario otro policía que fuera enviado a lo mejor no es recibido y rechaza ese aporte", explicó.
"Lamentablemente estamos en una situación en la que la Policía está perdiendo autonomía y eso es totalmente intolerable porque la Policía tiene su propia ley orgánica, sus leyes constitucionales que determinan que ellos son el apoyo, en este caso, del Ministerio Público para efectos de las investigaciones", agregó.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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