El fiscal Jorge Chávez Cotrina indicó que el Gobierno ha reconocido que existe una "política de despenalización" que suspende la pena en delitos de hasta ocho años, situación que impide a la Fiscalía solicitar la prisión preventiva.
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El fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, respondió a las críticas respecto de que los representantes del Ministerio Público estarían liberando delincuentes que captura la Policía Nacional. Al respecto, señaló que es el propio Ejecutivo, con su política de despenalización, el que ha aumentado los requisitos para solicitar la prisión preventiva.
"El año pasado ha habido dación de normas en las cuales se ha subido la valla de la prisión preventiva a cinco años. También la norma establece que si la Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía, detienen a un sujeto entre 25 y 18 años que no tiene antecedentes penales y que, además, la prognosis de pena sea menor a ocho años, la pena sería suspendida y no cabe una prisión preventiva", dijo el fiscal Chávez Cotrina.
"Yo me alegro, porque he escuchado al ministro de Justicia, que reconoció que han dado estas normas, justamente, bajo una política de despenalización. Lo que le ha molestado al ministro es que lo digamos ante los medios de comunicación. Obviamente el ministro no nos puede cortar nuestro derecho de expresión, porque la población tiene que tener conocimiento que si los fiscales sueltan a los delincuentes, como ellos comienzan a sostener, es porque las normas están ahí", aseveró.
"Las normas son contradictorias. Parece que hay una agenda que tiene el Ejecutivo y otra agenda que tiene el Legislativo, porque el Ejecutivo saca normas para despenalizar y el legislativo tiene un proyecto de ley para encarcelar a personas entre 18 y 20 años", agregó.
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"El Congreso retrocedió con la Ley 32108 gracias a que la población salió a marchar"
En otro momento, Chávez Cotrina indicó que, gracias a las marchas ciudadanas, el Congreso retrocedió parcialmente con la Ley 32108, Ley de crimen organizado, y ahora los allanamientos se pueden realizar sin presencia del investigado y el abogado solo será requerido para realizar el registro.
"Gracias justamente a que la población salió a marchar, el Congreso de la República retrocedió y derogó tácitamente y parcialmente la norma 32108 en el sentido de que los allanamientos se van a llevar a cabo con o sin presencia del investigado, pero siempre con la presencia del abogado de la defensa pública", precisó.
"Hay que entender que para el allanamiento la Policía ya la Fiscalía no necesita la presencia del abogado. La presencia del abogado es el paso siguiente, que es el registro", culminó.
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El Gobierno haría muy mal en satanizar el paro y criminalizar la protesta, en vez de tomar en cuenta los reclamos de quienes han visto morir a sus compañeros, carentes de apoyo del Estado y sus autoridades.
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