Hacinamiento carcelario: ¿Basta la construcción de dos penales para solucionar la sobrepoblación de reclusos?

La presidenta Dina Boluarte, en su reciente mensaje de 28 de julio, anunció que durante su Gobierno se ampliarán los establecimientos penitenciarios del país y se construirán dos nuevos.

"Anuncio que también impulsaremos la ampliación y construcción de dos penales por un monto de 300 millones de soles que serán incluidos en el Presupuesto General de la República del próximo año. Nuestro objetivo es invertir, para el final de nuestro mandato, S/ 1 630 millones en los centros de reclusión en el país", sostuvo.

Al respecto, Javier Llaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en diálogo con RPP Noticias, saludó la iniciativa de la jefa de Estado, pero consideró que no es la única medida que puede resolver el problema de hacinamiento que aqueja a los 68 penales a nivel nacional.

Hasta 500 % de sobrepoblación

Llaque Moya explicó que, en el país, en promedio, los penales exceden hasta en seis veces la cantidad de población para la que fueron diseñados.

"Seis veces más es el promedio nacional y, algunas de ellas, mucho más. Por ejemplo, el penal del Callao tiene un nivel de hacinamiento que bordea el 500 %. Su capacidad de albergue es para 500 y tenemos casi 3 500", señaló.

"El promedio de crecimiento de población penitenciaria prepandemia era de 5 mil al año, máximo 6 mil. Pero lo que ha pasado este año es que, de enero a julio, ya tenemos 3 500. A fin de año, la proyección es superior a lo previsto. Este mes de julio tenemos 800 nuevos privados de libertad", resaltó.

Con la tendencia al alza, el titular del INPE consideró que tendremos "más de 7 mil reclusos al año, lo cual implicaría tres o cuatro penales solo para lo de este año".

Asimismo, resaltó que, el 2020, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que el estado de cosas en los penales era inconstitucional y, pese a ello, "el Estado poco o nada ha hecho".

"Es por eso que la visión de la presidenta de la república de construir dos penales el próximo año y con una mirada de futuro de 1 630 millones durante su mandato es una clamorosa necesidad (...) Nuestro plan es construir 5 penales como respuesta a la sentencia del TC, pero eso es insuficiente", precisó. 

Además, Javier Llaque resaltó que existe una importante cantidad de personas que se encuentran con prisión preventiva, sin sentencia, contribuyendo a la sobrepoblación de las cárceles.

"Creemos que el Poder Judicial debe adoptar medidas respecto a la prisión preventiva que, en teoría, es la última ratio, pero pareciera no serlo. Tenemos 35 mil procesados; es decir, presuntos inocentes. No dudo de que un grupo de ellos vaya a ser condenado, pero debemos tener en cuenta que, en el país, tenemos 150 personas al mes que salen libres de culpa entre absoluciones, no a lugar, archivamientos. Al año son casi 2 mil. ¿Quién se preocupa luego de la vida de estos ciudadanos que, injustamente, estuvieron en la cárcel? Casi a nadie le importa", indicó.

"Desde el 2010, solo se han colocado 106 grilletes electrónicos"

Adicional a la construcción de penales, el titular del INPE se manifestó a favor del uso de grilletes electrónicos que, según señaló, apenas se han usado en el Perú desde el 2010.

"Creo que es un desastre que, en 10 años, no se hayan aplicado ni 10 (grilletes) por año (…) Es que los jueces se resisten (…) Ellos dictan una medida y luego se resisten a la excarcelación anticipada (…) Es por eso que hay muy pocos beneficios penitenciarios", remarcó.

"Nuestra propuesta legislativa es que se concedan los grilletes por mandato ante la ley. Por ejemplo, delitos no graves como hurto (…), no hablo del ‘arranchón’, sino de no violencia. De esos casos, tenemos 500 procesados en Lima con prisión preventiva que podrían salir en libertad con vigilancia electrónica, no totalmente libres, para deshacinar un poco las cárceles", agregó. 

Asimismo, indicó que el uso de grilletes electrónicos implica un menor gasto en comparación con las personas privadas de libertad en las cárceles.

"Mantener a alguien privado de su libertad tiene un costo adicional. Una celda cuesta 33 mil dólares (…), construirlo cuesta más de S/100 mil y su manutención es otra. Debemos apostar por la vigilancia electrónica (…) que nos cuesta S/1 300 al mes (…), pero nos sale más barato que mantener a un privado de libertad", puntualizó.