por Redacción RPP
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Con esta decisión judicial, el bufete de abogados asumirá de manera solidaria, conjuntamente con el resto de investigados, el eventual pago de la reparación civil que se imponga al final del proceso penal por la presunta adjudicación irregular de este proyecto.
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El Poder Judicial aprobó la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato para que el Estudio Echecopar sea incorporado como tercero civilmente responsable en el caso 'Gasoducto Sur Peruano II'.
Con esta decisión judicial, el bufete de abogados asumirá de manera solidaria, conjuntamente con el resto de investigados, el eventual pago de la reparación civil que se imponga al final del proceso penal, en el que se investigan los presuntos delitos en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Según la tesis fiscal, el Estudio Echecopar fue contratado como asesor de Proinversión para elaborar un informe legal que justificó la descalificación irregular del consorcio competidor Gasoducto Peruano del Sur, favoreciendo con ello al consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, integrado por las empresas Odebrecht y Enagás.
Montos preliminares de reparación civil
El informe legal emitido por el referido estudio fue firmado por los abogados Jorge Danós y Sofía Reyna. La investigación penal está a cargo de la fiscal Geovana Mori del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
Hasta el momento, la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato ha solicitado en esta investigación los montos preliminares de reparación civil que ascienden a US$ 1,302’354,891.26 y S/ 200,603.13, por los daños causados al Estado peruano.
Para la procuradora ad hoc Silvana Carrión, "esta decisión representa un hito judicial importante en el aseguramiento de las reparaciones civiles, puesto que se trata del primer estudio de abogados incluido en un proceso penal bajo el esquema Lava Jato en calidad de tercero civilmente responsable, con miras a pagar la eventual".
Estudio Echecopar rechaza acusaciones
El Estudio Echecopar rechazó estas acusaciones y ratificó no haber incurrido en ninguna irregularidad al emitir una opinión legal, solicitada por ProInversión, que confirmaba que uno de los postores participantes en esta adjudicación debía ser eliminado por infringir las bases del concurso.
Asimismo, recordaron que la decisión de ProInversión fue luego declarada legal y jurídicamente valida por la Corte Superior de Justicia de Lima y posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional.
En su pronunciamiento, criticaron que para incluir a los abogados del Estudio Echecopar en las investigaciones la Fiscalía argumenta que, al emitir este informe solicitado por ProInversión, se convirtieron en funcionarios públicos.
"Esta argumentación tiene el propósito deliberado de imputarles la comisión de un delito inexistente en un tipo penal que solo puede alcanzar a funcionarios públicos, lo cual es un absurdo jurídico", reprocharon.
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