por Redacción RPP
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El abogado penalista Jefferson Moreno explicó que para una prisión preventiva se debe evaluar si existen irregularidades en un proceso y luego si hay pruebas materiales. En el caso ´Gabinete en la sombra´ existen ambas, aseguró.
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El abogado penalista Jefferson Moreno se refirió al peligro procesal que el juez Víctor Zúñiga debe considerar en la audiencia de prisión preventiva contra los implicados en el caso ´Gabinete en la Sombra´. Al respecto, señaló que si bien la evaluación se realiza de manera individual, el magistrado no podría perder de vista lo que se hace en grupo, ya que se trataría de una presunta organización criminal.
"El análisis tiene que ser individualizado. La Fiscalía plantea que existe una organización y si bien es cierto el peligro se mide individualmente, el juez no puede perder de vista lo que el grupo hace. Porque, como son parte de la misma organización, ayudan a sus miembros a desaparecer, tienen el poder. Es mucho más fácil para ellos. Entonces ese análisis tiene que trasladarse a cada uno de los intervinientes sin perjuicio de que, además de ese análisis global, algo Fiscalía debe sustentar de cada uno. Por ejemplo, la falta de los arraigos", dijo.
En Ampliación de Noticias de RPP Noticias, el jurista mencionó que para obtener una prisión preventiva se debe evaluar, primero, si existen irregularidades en el proceso y si hay prueba material. En este caso, mencionó, existen ambas.
"En los delitos contra la administración pública hay dos formas de acreditar una comisión de este tipo de delitos: o tienes irregularidades en el proceso —el postor no cumple con la experiencia, las bases las hicieron exactamente para él, no cumplieron con las fechas, etc.— o tienes el otro supuesto en el que efectivamente tienes la llamada, el audio, la grabación, la foto. Puedes hacerlo normalmente con una de los dos. Aquí tienes las dos: la irregularidad administrativa y la otra parte, la directa. Por lo menos el primer presupuesto es bastante claro", precisó.
En cuanto al peligro de fuga, señaló que en el caso del dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, es indiscutible, ya que actualmente se encuentra prófugo. Para los demás, opinó que debería considerarse como un acto de obstrucción el hecho de que algunos celulares hayan desaparecido.
"En el caso del señor Sánchez, el peligro de fuga ya no se discute. Ahí va perdido en ese presupuesto. El estar presente en una audiencia de prisión te suma un punto. En este set estuvo el señor Luna cuando le imponen prisión preventiva y dice que se va a entregar. Eso algo tiene que sumar. Sin embargo, en este caso (´Gabinete en la sombra´) los peligros que se generan vienen de parte del grupo, de parte de otras personas. Por ejemplo, si yo desaparezco celulares y les digo a los edecanes que vayan y pongan una denuncia como que lo han perdido, me lo dan y yo lo boto al mar. Y efectivamente se comprueba que un mes después ellos ponen una denuncia con un hecho más o menos absurdo, como que se cayó el celular en el carro, entonces confirmas que hay un acto de obstrucción porque están desapareciendo información. El problema es que eso no lo hizo directamente Salatiel Marrufo ni Segundo Sánchez", argumentó.
Ministro de Salud
En cuanto a la destitución del ministro de Salud, Jorge López, luego de que un reportaje de Punto Final revelara que ordenó a seis trabajadores realizar depósitos de dinero para la compra de departamento, Jefferson Moreno precisó que existen tres momentos que perjudicarían la situación del titular del Minsa.
"Tienen en el primer momento de donde se genera el dinero probablemente un delito contra la administración pública, que de todas maneras se va a investigar. Con la transferencia tienes un primer momento de lavado de activos, participantes obviamente quienes hacen el depósito. Y luego tienes el tercer momento, que es el de la conversión. Ya la pareja, el propio ministro tendrán que explicar cómo ese dinero se convierte en un bien inmueble", finalizó.
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