Fiscalía realiza diligencias en el Ministerio de Vivienda por presuntas contrataciones irregulares de funcionarios

El Ministerio Público se encuentra realizando diligencias en la sede principal del Ministerio de Vivienda (MVCS), luego de que el dominical Punto Final revelara presuntas contrataciones irregulares en las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y en la de Inversiones de dicha entidad.

La medida se encuentra a cargo de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima e inició en horas de la mañana de este martes. El objetivo sería recabar información de los expedientes de contrataciones de los locadores de servicios, así como de las bases de postulación y del trabajo que realiza ese personal. 

¿Cómo se habrían dado las presuntas contrataciones irregulares?

Según el citado programa periodístico, casos tomados al azar revelarían que se contrató a personal no idóneo para determinadas actividades, así como presunto 'personal fantasma' que no habría trabajado en las oficinas donde tendrían que haber realizado labores.

Ese sería el caso de James Segundo, un economista que fue contratado para brindar el servicio de asesor legal en la oficina de Planeamiento y Presupuesto del MVCS, labor que debería ser ejecutada por un abogado. Dicho trabajador obtuvo tres órdenes de servicio por un total de S/84 mil.

“El primer término de referencia (…) es de asesor legal, es una palabra en la denominación del servicio. Si nos fijamos en la descripción de los servicios, las actividades a desarrollar son de asesorar en forma general en toda la gestión administrativa y de procesos de la Oficina General, mas no actividades vinculadas a lo legal”, indicó James Segundo a Punto Final.

Al respecto, José Antonio Franco, director de la oficina de Planeamiento y Presupuesto del ministerio, dijo que hubo "un error material en la denominación del cargo", ya que "se consigna asesor legal cuando debió ser asesor en la gestión administrativa”.

Sin embargo, en su boleta de pago, figuraría que brindó "servicios de asesoría legal", lo mismo aparecería en la orden de conformidad respectiva. Actualmente, dicho trabajador es asesor de gestión administrativa de esa oficina.

Por otro lado, Lena Orduña, locadora de servicios de la Oficina de Inversiones, fue contratada para el servicio de desarrollo de información complementaria del avance en la reducción de cierre de brechas del subsector Construcción. No obstante, sus tres entregables presentados en enero, marzo y abril, tienen como fecha 3 de febrero del 2022 y comparten información que ya se encontraba en la base de datos de su oficina, además tenían la misma recomendación.

En abril, Orduña obtuvo una segunda orden por otros S/37 500 para hacer lo mismo en el subsector de Vivienda y Urbanismo. Su entregable nuevamente lleva por fecha 2022, y sus conclusiones aluden al subsector de Construcción y Saneamiento y no al de Vivienda y Urbanismo. Sus recomendaciones serían exactamente iguales a las que presentó anteriormente.

Trabajadoras 'fantasma'

Por otro lado, están los casos de Adriana Ríos y Claudia Zhou Chau, trabajadoras contratadas en la Oficina de Inversiones del ministerio. La primera tiene dos órdenes de servicio entre junio y agosto de este año por S/24 mil. No obstante, funcionarios de esa oficina dijeron no haberlas visto nunca trabajando en la oficina para la que fueron contratadas. 

Al respecto, Claudia Zhou dijo que sí asistió presencialmente a laborar, mientras que Adriana Ríos respondió con incredulidad cuando se le consultó por el monto que habría percibido. 

Además, según Punto Final, no supieron explicar cómo sus nombres figuraban en el anexo del directorio telefónico como integrantes del Gabinete de asesores del Despacho ministerial.