por Redacción RPP
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La Fiscalía señala que se intenta irracionalmente justificar la autorización a favor de Keiko Fujimori para realizar actividades familiares con sus menores hijas en Lima Provincias, sin alegar razones “excepcionales o de necesidad”.
El Ministerio Publico pidió revocar la resolución judicial que autoriza a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ausentarse de la capital del 21 al 23 de abril para viajar a la región Lima Provincias, a fin de realizar actividades familiares con sus dos menores hijas.
El Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato expresó así su disconformidad con la medida adoptada por el juez Víctor Zúñiga el último 4 de abril, en la que declaró fundado el pedido que hizo la excandidata presidencial a través de su defensa legal.
La resolución del magistrado también autorizaba el viaje Keiko Fujimori del 4 al 9 de abril último para viajar a Lima Provincias por motivos familiares y en la misma se precisa que tiene la obligación de informar sobre sus viajes en un plazo de 3 días hábiles al termino de estos, bajo apercibimiento de revocarse en forma inmediata su mandato de comparecencia.
Las razones del pedido fiscal
En su recurso, la instancia fiscal argumentó que se intenta irracionalmente justificar la autorización para realizar actividades familiares con sus menores hijas en Lima Provincias, sin alegar razones “excepcionales o de necesidad”, porque podría llevarlas a cabo las mismas en la ciudad de Lima.
La Fiscalía precisó, además, que, de la documentación presentada, se omite señalar lugares específicos, el itinerario detallado y por donde se movilizará en la región.
También alegó que se debe tener en cuenta los delitos contra la excandidata presidencial y por los cuales se solicita para ella más de 30 años de prisión.
De acuerdo con la acusación fiscal, Keiko Fujimori Higuchi lideraría una organización criminal que blanqueó activos ilícitos de distintas fuentes, en el contexto de las campañas electorales de los años 2011 y 2016; además la imputa de supuestamente ejercer actos de obstrucción a la justicia, interfiriendo con la independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público, entre otros.
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